El Gobierno de EEUU anunció este viernes que pedirá al Tribunal Supremo que bloquee la ley antiaborto de Texas, una de las más restrictivas de país, mientras se resuelve una disputa legal sobre esta normativa.
Así lo señaló el portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Anthony Coley, en un breve comunicado en el que no ofreció más detalles.
Hace una semana, un tribunal federal de apelaciones restituyó la ley antiaborto puesta en marcha en Texas. Tan solo dos días después de que un juez la bloqueara temporalmente.
La decisión de restituir la ley la tomó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los más conservadores del país.
La corte adoptó esa resolución en respuesta a un recurso del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, contra el fallo adoptado el 6 de octubre por un juez federal de distrito; y este jueves resolvió que se celebre una nueva vista a principios de diciembre para dirimir el asunto.
Sea cual sea la decisión final de la corte de apelaciones, lo más probable es que el caso termine de nuevo ante el Supremo. Que semanas atrás rechazó estudiar la ley aunque admitió que los litigantes habían planteado dudas serias sobre su constitucionalidad.
DEMANDAS
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringe la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley. Porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Fue ese vacío legal el que permitió que la ley entrara en vigor. A pesar de que contradice expresamente la decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, conocida como "Roe versus Wade".
El veto de Texas -que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas y no contempla excepciones en casos de incesto o violación-, es el más restrictivo de los 90 que han entrado en vigor este año en territorios de todo el país, impulsados por líderes conservadores de Gobierno en Congresos estatales.
EFE
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