Mientras diversos estados de Estados Unidos (EEUU) han estado promoviendo y promulgando leyes anti-inmigrantes para frenar la migración ilegal, hay ciudades que aplican leyes a su favor.
Este es el caso de una ciudad ubicada en el estado de Pennsylvania, en donde se ha prohibido a las autoridades preguntar por el estatus legal de los residentes.
En Lancaster, Pennsylvania, se acaba de aprobar una normativa que prohíbe que los policías locales cuestionen el estatus legal de una persona.
Alcance de la ley
Esto quiere decir que, ningún inmigrante, a menos que sea requerido por la ley estatal o federal, o salvo orden judicial, está obligado a responder sobre su estado migratorio.
Contrario a lo que sucede en estados como Florida, en donde las autoridades están obligadas a averiguar ese dato.
Además, también queda prohibido brindar cualquier tipo de información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que traiga consigo consecuencias civiles o no penales en torno a la ley de inmigración.
Quienes la impulsaron consideran que cualquier persona, sin importar su estatus, merece seguridad, protección y refugio.
Sin embargo, vale la pena destacar que autoridades aclararon que no son una ciudad santuario, sino únicamente “acogedora”.
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Un espacio seguro para inmigrantes
Las iniciativas apoyadas por Lancaster se basan en la llamada Ley de confianza o Trust Act.
El objetivo de las autoridades de Lancaster es que la ciudad sea un espacio seguro, donde los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, puedan sentir que pueden residir sin ningún miedo.
Además de su derecho de acceder a seguros, servicios públicos y la posibilidad de denunciar cualquier abuso que se cometa en su contra.
Y es que, según se ha dado a conocer por el portal de Telemundo, al menos el 40% de la población se identifica como hispana.
Incluso alrededor del 11% no habla bien inglés, muchos de ellos con un estatus migratorio dudoso.
Jaime Arroyo, vicepresidente del consejo de Lancaster, dijo al medio NBC, que las medidas no pondrán en peligro la seguridad de nadie, pues la policía seguirá cooperando con ICE si es necesario.
Diversas organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes se han manifestado a favor de esa ley.
Han señalado que muchos indocumentados han expresado preocupación ante la posibilidad de tener un contacto con la policía, temiendo que sus familias pudieran ser separadas.
Con información de Migrantes Latinos / La Nación
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