2001.com.ve| AFP
México (AFP) – Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, el gobierno calificó el pasado jueves el caso como una "desaparición forzada" cometida por agentes del Estado, y ofreció una millonaria recompensa para dar con los responsables.
Al grito de "¡justicia!", miles de personas, en su mayoría estudiantes, participaron en una manifestación encabezada por padres de los jóvenes y que culminó en el Zócalo (plaza central) de la capital.
"Venimos en una exigencia de justicia (…) Esto ofende a cualquiera que tenga dignidad en este país", dijo a la AFP Rosa, ama de casa de 58 años quien, por seguridad, rechazó dar su apellido.Marchó con una veladora en mano y vestida con un traje que asemeja a un jaguar y que se usa en un baile típico del estado de Guerrero en el que desaparecieron los jóvenes.
Un centenar de encapuchados que marchaba en la retaguardia de la columna, hizo pintadas, rompió los vidrios de numerosos comercios e intentó incendiar un restaurante pero manifestantes apagaron el fuego.
En el Zócalo, los encapuchados arremetieron por momentos contra una puerta del palacio presidencial y pintaron consignas.Una de ellas acusaba al "Estado asesino".
Horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ante la prensa que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y que para su gobierno es prioridad encontrar a los jóvenes
"No hay impunidad, eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad", dijo López Obrador vestido con una camiseta con la leyenda: "Ayotzinapa, 5 años; yo por la verdad".
El subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de Interior, Alejandro Encinas, dijo por su lado que estos hechos, ocurridos en la presidencia de Enrique Peña Nieto, están siendo reinvestigados como una "desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano".
La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, los dos ubicados en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones.
Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos, en un caso que desató indignación mundial.
López Obrador ha creado una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la fiscalía general se comprometió a reiniciar la investigación "casi desde cero".
A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original y cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.
2019-09-27
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