Gladys y Nelson González, una pareja colombiana que vivió en Estados Unidos desde 1989, en compañía de sus tres hijas, que nacieron y se criaron en California fueron deportados a su país natal.
La pareja dirigió estudios bíblicos en su iglesia del sur de California y trabajó como voluntaria en despensas de alimentos durante la pandemia de covid-19.
“Durante casi cuatro décadas, han construido una vida aquí: criando a tres hijas, aportando a su comunidad y dando la bienvenida recientemente a su primer nieto”, escribió su hija Stephanie González en una página de GoFundMe para la familia. “Ahora, están siendo tratados como criminales”.
El mes pasado, los padres se presentaron en un tribunal de inmigración en Santa Ana, tal “como han estado haciendo desde el 2000”, escribió Stephanie en un correo electrónico a
">CNN. Pero esta vez el resultado fue muy distinto.Arresto de la pareja
La pareja fue arrestada y esposada durante su cita del 21 de febrero y puesta bajo custodia federal, donde pasaron tres semanas antes de ser deportados a Colombia.
“Ellos sí esperaban que tendrían que partir y estaban planeando hacerlo, pero no de la manera en que sucedió”, precisó Monica Crooms, una abogada de inmigración con sede en el condado de Orange que comenzó a trabajar con la pareja en 2018.
“No esperábamos que fueran aprehendidos y detenidos. Y de nuevo, ya no es realmente exclusivo de ellos. Está sucediendo en todo el país”, indicó la profesional del derecho a CNN, señalando los recientes cambios en la política de inmigración en Estados Unidos a dos meses de la administración actual.
Los González pasaron muchos años buscando un camino viable hacia la ciudadanía, pagaron sus impuestos y nunca tuvieron problemas con la ley, según Crooms y sus hijas.
Lo ideal habría sido que la pareja hubiera tenido tiempo para poner sus asuntos en orden y despedirse de sus hijas y su nieto, según la abogada. Pero no fue así.
“Tuvimos que ir a recoger su vehículo al aparcamiento y no pudimos despedirnos”, dijo Stephanie.
Sin base legal para quedarse en Estados Unidos
Gladys y Nelson llegaron a Estados Unidos sin autorización en 1989, según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fechado el 14 de marzo. No tenían visado cuando llegaron, dijo Crooms, pero se les concedió permiso para solicitar asilo. La pareja huía de la delincuencia en su Colombia natal, según Crooms y su hija Stephanie.
En 2000, el tribunal de inmigración no encontró ninguna razón legal que permitiera a Gladys y Nelson permanecer en Estados Unidos y se les expidió una orden de salida voluntaria, que concede a las personas un cierto tiempo para abandonar el país por su cuenta y evitar una orden de deportación, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
“Buscaban una forma de legalizar su situación de la manera que estaba disponible para ellos en ese momento en los años 90”, añadió Crooms. “Desafortunadamente, fueron víctimas de prácticas de inmigración depredadoras que eran bastante flagrantes”.
Los González no planeaban salir de Estados Unidos después de que se emitiera la orden, según Crooms, quien mencionó que el abogado de la pareja en ese momento los engañó diciéndoles que la orden podría ser apelada y posiblemente conducir a una eventual legalización.
“Después de ver a otros abogados, rápidamente se dieron cuenta de que estaban en una situación muy precaria con respecto a su estatus migratorio”, añadió.
Gladys, de 55 años, y Nelson, de 59, “agotaron todas las opciones legales para permanecer en Estados Unidos entre marzo de 2000 y agosto de 2021, incluidas las revisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2001 y 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en 2010 y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito en 2021”, aseveró ICE en un comunicado.
Durante dos décadas, la pareja permaneció bajo una orden de supervisión, añadió Crooms. A través del Departamento de Seguridad Nacional, el programa permite a las personas con órdenes de expulsión permanecer en Estados Unidos y registrarse al menos una vez al año mientras se preparan para abandonar el país.
El oficial de deportación de la pareja “no había presionado para que salieran hasta 2018”, nivelando con ellos que era el momento de abandonar el país si su estatus no podía ser legalizado, aclaró Crooms.
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