Este jueves 15 de febrero, el Cardenal Baltazar Porras rechazó la detención de la abogada y activista defensora de DDHH Rocío San Miguel y cuatro de sus familiares, acaecida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Durante una entrevista radial en Éxitos, el administrador de la Arquidiócesis de Caracas señaló que si desde el gobierno venezolano se denuncia algo, deben "probarlo antes de meter preso al otro".
"Hay una desigualdad legal y ética. Lo que están conmigo (gobierno) pueden hacer lo que quieran, y lo que no están conmigo, hasta la menor cosa que digan quedan totalmente fuera. Eso genera un clima de desconfianza", dijo Porras.
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"Hay una necesidad de que se respeten los derechos humanos, una sociedad de cualquier nivel progresa si hay derecho a la crítica y a la disensión", agregó.
Detenidos en el SEBIN y DGCIM
El equipo legal de Rocío San Miguel, informó sobre los sitios de reclusión asignados a la activista Rocío San Miguel y Alejandro González.
La abogada estará recluida en la sede del Sebin en el Helicoide; mientras que su exesposo, cumplirá condena en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
El abogado Joel García, también confirmó la excarcelación de los familiares de la abogada. La decisión contempla medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios.
"El equipo de la defensa de Rocío San Miguel y demás familiares, confirmamos las excarcelaciones de Miranda Díaz, Víctor Díaz, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel, bajo medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios", escribió el abogado Joel García en su cuenta en X.
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El fiscal Tarek William Saab, informó ayer lunes que solicitaría al tribunal 2do Contra el Terrorismo, privación judicial preventiva de libertad contra la activista, por los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros.
“En relación a Alejandro José González De Canales Plaza se solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por: la presunta comisión de los delitos de: Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.
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