2001.com.ve | Redacción 2001
El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, abogó ante la Comunidad Internacional por una intervención humanitaria en Venezuela.
“Pido e invoco a la comunidad internacional el principio de intervención humanitaria. Vengo a pedir un país que está siendo desgarrado por una tiranía y una dictadura que está matando a sus ciudadanos de hambre”, dijo en un foro sobre derechos humanos en Oslo, Noruega.
“Tenemos una crisis humanitaria, un desastre humanitario fuera de la ley, no tenemos separación de poderes y los poderes constitucionales se perdieron. Tomaron el control de las finanzas, de los medios de comunicación, es una narcodictadura”, alegó.
Ledezma describió “el viacrucis” de las mujeres venezolanas y el que vivió su hija cuando dio a luz.
“El drama de no tener medicinas a la mano, de no estar preparados para poder dar a luz a una nueva vida, para ofrecerle seguridad es una violación a los Derechos Humanos”, relató.
También confesó que actualmente “no me siento libre completamente, y tampoco feliz, porque cuando veo a mi hija amamantar a mi nieto, pienso en todos los niños que se encuentran desnutridos en mi país”.
La crisis no solo afecta a las mujeres embarazadas. Las enfermedades también azotan a las venezolanas y, al parecer, sin contemplación.
“Actualmente hay mujeres que son sepultadas diariamente por padecer cáncer de mama, porque no tienen servicios de quimioterapias ni medicinas”, aseveró.
Persecuciones. Ledezma, quien estuvo recluido en la cárcel de Ramo Verde, destacó la detención injusta de más de 300 presos políticos, la persecución y la inhabilitación de varios líderes opositores, entre ellos Leopoldo López.
“En Venezuela hay presos políticos como Villca Fernández, Daniel Ceballos, Lorent Saleh, que están presos injustamente. También hay perseguidos como Maria Corina Machado e inhabilitados como Capriles. Esto se tiene que acabar ya”, recalcó.
A propósito de la liberación del joven estadounidense Josh Holt, Ledezma lo justifica en el hecho de que “Maduro está desesperado y anda buscando hacer alguna maroma para tratar de flexibilizar las políticas sancionadoras del mundo; pero Maduro es un farsante autoritario y no engaña a nadie”.
Recrudece represión. El instituto checo de derechos humanos Casla, que ha presentado varias denuncias por torturas contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), alertó de un “recrudecimiento de la represión sistemática” en el país.
El centro, dirigido por la abogada Tamara Sujú, denuncia detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en los últimos días.
El observatorio precisa que “el régimen ha iniciado una férrea persecución contra miembros activos de las Fuerzas Armadas y de su entorno familiar y de amistad, que suman hoy más de 40 personas detenidas y por lo menos cuatro civiles desaparecidos”.
Entre los militares detenidos se encuentran los generales Pedro Naranjo Suárez y Nelson Morales Guitian, mientras que entre los civiles apresados figuran Jorman Ortiz, Hebert Ramírez y el cirujano José Marulanda.
Casla llama la atención sobre la “práctica del delito de desaparición forzada”, cuando familiares y amigos de personas que están siendo perseguidas por razones políticas son secuestrados entre uno y varios días.
El observatorio achaca estas prácticas a funcionarios de organismos de inteligencia como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contra inteligencia Militar (Dgcim), así como al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). También estarían involucrados, según Casla, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y la Brigada de Asuntos Especiales (BAE).
Tras ser puestos en libertad, “estas personas han denunciado haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos, para tratar de sacarles información sobre dónde se encuentran aquellos familiares a quienes están persiguiendo”, señala el observatorio.
Casla remitió en enero al CPI un último expediente con 38 nuevas denuncias de malos tratos y torturas en el país caribeño, basadas en los testimonios de las supuestas víctimas.
Desde mayo de 2016, el observatorio checo ha presentado un total de cuatro expedientes con 600 casos con el fin de promover una investigación por la CPI.
2018-05-29
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