Jesús M. Gambús | [email protected]
El concepto de la lucha formal por los derechos humanos sigue siendo un tema en la agenda internacional, que decir de Venezuela, donde la idea aún no anida en muchos ciudadanos que no solo son víctimas, sino que en ocasiones, hasta lo ignoran.
La misión de despertar a la gente en la defensa de sus derechos mueve cada día un número significativo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas destaca el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Marino Alvarado director del grupo fundado en 1988, está al frente de este colectivo preocupado por atender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población.
Para el común de los venezolanos pareciera que son tantas las violaciones a los derechos fundamentales, que los logros de los grupos como los que Ud. representa quedan minimizados. ¿Los percibe así?
Hay logros que a veces se perciben a nivel del ciudadano, pero terminan siendo el acumulado de un esfuerzo constante que hacemos las organizaciones. Como ejemplo están cuatro eventos claves en materia de derechos humanos ocurridos en días recientes que son el resultado del trabajo que hacemos todos los días las organizaciones.
En primer lugar, el pronunciamiento que hizo la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, anunciando que se abría el procedimiento de la etapa preliminar al presidente Nicolás Maduro. No fue una ocurrencia suya. No fue de la noche a la mañana, sino el resultado de un largo proceso la transmisión de informaciones a la CPI.
El segundo es el pronunciamiento simultáneo de cinco relatores de las Naciones Unidas subrayando la crítica situación de los derechos humanos en el país.
El otro evento es el informe contundente sobre violaciones en materia de derechos humanos, en especial sobre derechos económicos y sociales. El tercero de la Comisión Interamericana sobre Venezuela y el cuarto lo representa el Grupo de Lima que empezó con nueve países y ya va por catorce, haciendo consideraciones sobre el derecho al voto, que no está garantizado en el país. Todo eso ocurrió en una semana.
Hay algún derecho que esté a salvo de las violaciones… los derechos políticos están cuestionados, los de información minimizados, los económicos por igual.
Quizás el derecho que se mantiene es el de la libertad a la religión. Se puede decir que hay libertad de culto. Si es cierto que se han presentado situaciones, pero en general se puede afirmar que en el país no se persigue a las personas por la fe religiosa. Es posible que se haya hostigado a miembros de la iglesia por sus opiniones políticas, pero no por su fe.
¿Solo el Estado y el Gobierno tienen capacidad de violar los derechos fundamentales?
Sí. Eso es un aspecto fundamental en materia de derechos humanos. En cualquier país el Estado es el responsable por acción, por omisión, incluso por la actuación de terceros cuando actúan con la complacencia del Estado, como es el caso de los grupos paramilitares que en las manifestaciones de abril-julio de 2017, en las que actuaron con apoyo del Estado.
¿Es un mero trámite ventilar un caso ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y ante los tribunales venezolanos, dado el cuestionamiento que se hace de la justicia?
Yo hago una diferencia en el caso de la Defensoría del Pueblo. Hago una diferencia entre sus directores y sus delegados a nivel regional. Uno tiene conocimiento de que los fiscales a nivel regional trabajan bastante, pero, evidentemente que la Defensoría no tuvo independencia con Tarek William Saab y tampoco ahora con Alfredo Ruíz. En casos emblemáticos como el caso de la Masacre de El Junquito, la Defensoría guardó silencio.
También es el caso de la Fiscalía. Uno tiene conocimiento de fiscales muy buenos que tienen disposición de trabajar, pero la no independencia de la institución, los lleva a ser cómplices de graves abusos de derechos humanos.
¿Qué consecuencias tiene para Venezuela salir reprobado en materia de derechos humanos ante el mundo?
Yo diría que esos señalamientos tienen tres consecuencias. En el plano interno. Un gobierno que prometió ser distinto a los del pasado en materia de derechos humanos y promovió una Comisión de la Verdad que sacó un informe por la Fiscal Luisa Ortega Díaz a comienzos de 2017 , termina no solamente repitiendo prácticas de violación de derechos humanos del pasado cuestionado, sino practicando esas violaciones de manera mucho más grave. Eso genera en lo interno, desconfianza en mucha gente que tenía la esperanza que iba a ser distinto. Un ejemplo, el Gobierno prometió en el año 2006 una reforma policial para garantizar un nuevo modelo respetuoso de los derechos humanos, y hoy tenemos una Policía Nacional y una Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se han convertido en un grupo de exterminio, es decir, están actuando peor que lo que cuestionaron.
A nivel internacional, el incumplimiento del Gobierno de Venezuela en sus obligaciones mínimas en materia de Derechos Humanos le llevó a ser suspendida en el Mercosur, causándole perjuicios políticos y económicos.
En tercer lugar, lo que ocurre en Venezuela hace que los organismos mundiales de protección mantengan una alerta permanente sobre el país. La vigilancia de esas instancias ahora es mucho mayor, porque han aumentado también las violaciones de la diversidad de los derechos Humanos conculcados, no solo con las torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones sino con el aumento de la pobreza y el hambre en el país.
Da la impresión de que la premisa de que las violaciones a los Derechos Humanos no prescriben tiene sin cuidado a muchos. ¿Esa despreocupación viene acaso de subestimar a la justicia nacional e internacional?
Cuando los violadores de Derechos Humanos están en el poder, se sienten muy poderosos y a veces no tienen conciencia de que el poder es transitorio. En América Latina tenemos muchos ejemplos muy claros de como gente que actuó con prepotencia y violó de manera intensa los Derechos Humanos como, Fujimori y los militares argentinos, que terminaron tras las rejas, después de largos procesos de impunidad, pero donde la justicia finalmente se hizo realidad, para cumplir con aquello de que “la justicia tarda, pero llega”.
Muchos de los violadores de hoy de los Derechos Humanos se sienten inmunes ante la posibilidad de cualquier sanción, pero los Gobiernos pueden cambiar y las situaciones políticas también pueden cambiar. Es el caso de Rafael Ramírez, que tras excluir, discriminar y hasta sentirse en capacidad despedir a quien no fuera rojo rojito en Petróleos de Venezuela, hoy es un perseguido del chavismo. Es un ejemplo de que los que hoy están en el poder pueden ser perseguidos y ser los encarcelados de mañana.
Cuentas claras y públicas
“Provea va a cumplir 30 años y nosotros hemos sido atacados por todos los gobiernos desde que entonces. No nos extraña que nos ataque Nicolás Maduro. Nos atacó Chávez, nos atacó Caldera. En la llamada por el Gobierno la ‘Cuarta República’ se nos calificó de defensores de delincuentes para criminalizarnos, como a otras ONG. En el Gobierno de Chávez y Maduro se nos dice que somos agentes del imperialismo con financiamiento de Estados Unidos”.
La particularidad de Provea es que nuestras fuentes de financiamiento son públicas, visibles en la página web. Nos financian ONG internacionales que tienen como misión promover los Derechos Humanos en el mundo y sin condiciones, sin injerencias.
Además, todo el cambio de moneda extranjera los hace Provea a través de los mecanismos del Banco Central de Venezuela, o sea que el Gobierno sabe exactamente cuánto recibe Provea por esa cooperación y cómo la cambia”.
La ejecución: Política de Estado
Marino Alvarado denuncia preocupado las actuaciones policiales y militares que denotan una política de exterminio que parte del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP). En referencia a esos orígenes, el vocero de Provea recuerda la actuación del entonces ministro de Interior, Gustavo José López, quien tras las actuaciones oficiales en la Cota 905, daba diariamente “el reporte de guerra” , informe que orgullosamente reseñaba como más exitoso, en función del número cada vez mayor de “bajas” que se causaban. Recuerda a su vez, las felicitaciones que Maduro daba a las actuaciones de su ministro, hoy jefe del Sebin y los participantes en los operativos.
Por otra parte, de abrirse una investigación seria sobre la Masacre de El Junquito tendrían que poner presos desde a quienes participaron allí, hasta altos funcionarios, empezando por el ministro de Interior que tiene responsabilidad directa en los hechos y “quizás mucho más allá podría llegarse al propio presidente”.
En otras referencias de las actuaciones turbias del Gobierno se suma a la lista la reciente Masacre de las Minas de Cipraca en el estado Bolívar con saldo de 18 muertes y remontándose al pasado, Alvarado recuerda en 2006, la Masacre de las Minas de La Paragua, en la que la impunidad fue de tal nivel, que terminaron sentenciando a los responsables a seis años uno y tres años a otros.
Comité de víctimas
Marino Alvarado celebra que quienes se sientan afectados por violaciones de Derechos Humanos se organicen, pero lamenta que grupos como el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado hayan terminado siendo “un instrumento del Gobierno, no para hacer justicia, sino para hacer política en contra de la oposición”.
Los casos más sonados en la historia de Provea nos remiten al año 1988, en la que ocurre “la masacre del Amparo”, en la que 14 pescadores pierden la vida en el estado Apure, en una emboscada del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap).
El trabajo de investigación echó por tierra la versión oficial que aseguraba que las muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento con elementos del Ejército de Liberación Nacional y tras diligencias frustradas en los tribunales nacionales, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En 1995, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad.
2018-02-24