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Se cumple un año de la masacre de El Junquito. Nueve fallecidos fue el resultado de una operación militar y policial que desplegó a cuatro cuerpos de seguridad del Estado, con 1.000 funcionarios. Aunque hubo una rendición de parte del “objetivo” del procedimiento, se usaron contra él fusiles de guerra, una subametralladora y un helicóptero artillado. Óscar Pérez y los suyos aún no reciben justicia en Venezuela, más bien investigan a sus allegados.
El 15 de enero de 2017, el paso hacia el sector El Cujicito de la urbanización Araguaney de El Junquito, en Distrito Capital, fue prohibido. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban allí en la búsqueda del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez.
Los habitantes de la localidad y el resto de los venezolanos se enteraron de lo que ocurría porque el propio Óscar Pérez difundió una serie de videos en redes sociales. Allí reportaba que había sido sitiado por las fuerzas de seguridad del Estado, que resistían el ingreso de los funcionarios y finalmente que estaban dispuestos a entregarse.
Para el mediodía, él, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini Agostini ya habían sido asesinados. Más tarde se supo que todos recibieron un tiro en la cabeza.
En los días siguientes, la casa que sirvió de refugio fue destruida, a los familiares no se les permitió velar a los fallecidos y decenas de personas allegadas a Óscar Pérez fueron detenidas y sometidas a torturas. Aunque organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron el exceso de la fuerza policial y militar en el procedimiento, ninguna autoridad de Venezuela abrió una investigación al respecto.
El silencio del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es lapidario a un año de la masacre de El Junquito o de la Operación Gedeón, como la llamó el gobierno. Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz; y Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, así lo aseveraron a Efecto Cocuyo.
"En este caso los investigados fueron los muertos, al igual que en los años 60 contra la guerrilla que los muertos quedaban como imputados y se justificaba el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado”, apuntó Mundaray.
-AN ignorada
Apenas se supo el saldo de fallecidos que dejó la Operación Gedeón, la Asamblea Nacional (AN) abrió una investigación, de acuerdo a sus funciones, establecidas en la Constitución.
En tres meses, los diputados de la Comisión de Política Interior conversaron con testigos, familiares de las víctimas y funcionarios actuantes para establecer la cronología de los hechos. También fueron al sitio del suceso y constataron su destrucción.
Solórzano dijo a Efecto Cocuyo que lograron establecer la responsabilidad directa de 20 efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado y pidieron a la Fiscalía que fuesen procesados. De igual forman, exigieron pesquisas criminalísticas como planimetría y exhumación de cadáveres.
Acudieron a la Defensoría del Pueblo para que este ente, parte del Poder Moral, increpara al Ministerio Público sobre la violación de derechos humanos cometida. No hubo respuesta. El Poder Legislativo fue ignorado.
"La investigación concluyó que en El Junquito ocurrió una masacre. Aunque hubo varias detenciones, todas fueron contra Óscar Pérez. Esa fue la única investigación que abrió el Estado, pero no hizo nada contra los funcionarios que actuaron en ese momento. Esto es una clara denegación de justicia", manifestó Solórzano.
En este expediente figura además la solicitud de indagación sobre la presencia de civiles armados con carnet de la PNB en el procedimiento.
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Información de Efecto Cocuyo
2019-01-15
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