Joan M. Camargo | [email protected]
Con el espíritu vigoroso de un líder sindical, activo en momentos tan difíciles para la Administración Pública venezolana, Servando Carbone, sigue en pie de la lucha por los derechos laborales de los funcionarios de las instituciones públicas y privadas.
Carbone manifiesta que el Gobierno y sus políticas han destrozado toda una vida de luchas sindicales en busca de la dignificación de la actividad laboral en Venezuela. El coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y miembro fundador de Federación Nacional de los Trabajadores Públicos, muestra su inconformidad con la gestión del presidente Nicolás Maduro, y asegura que “su modelo político estafa a la clase obrera del país y nos devuelve a la esclavitud”.
El sindicalista sostiene que a pesar de estar inscrito en el Psuv, se considera traicionado por las políticas del Gobierno nacional, que más allá de generar beneficios a los trabajadores públicos, los amenaza y les viola sus derechos laborales. Además reafirma su deseo de que Nicolás Maduro sea revocado.
¿Qué ampara a los empleados públicos ante los posibles despidos masivos por firmar para activar el RR?
Los empleados de carga funcionarial están protegidos en el Estatuto de la Función pública. Para que ser despedido de la administración del Estado se necesita un procedi- miento especial como la comprobación de un delito. La medida planteada por el Gobierno de despedir a los trabajadores por firmar solamente es posible en este momento. Ellos juegan a tener el poder de todas las instituciones. Los trabajadores están siendo amenazados con ser despedidos por el simple hecho de expresar sus derechos establecidos en la Constitución.
¿Por qué se genera esta arremetida del Gobierno en contra de los trabajadores públicos?
Cuando comenzó el mandato de Hugo Chávez, el Gobierno eliminó todas las posibilidades de que los postulados a trabajar en la Administración Pública entraran en concurso, lo que ocasionó que muchos de los puestos asignados hoy están siendo ocupados por empleados de confianza, familiares y personas afectas al partido político que tiene hoy el poder en Venezuela.
A pesar de ello, Jorge Rodríguez dice que muchas de las personas que firmaron por la activación del Referendo Revocatorio serán “movidos” de sus puestos, si hablamos de 1% de estos trabajadores, estaría significando 24 mil personas que pudieran estar en riesgo de ser despedidas. Empleados que ellos mismo se encargaron de colocar en esos cargos.
Según la afirmación hecha por Diosdado Cabello ¿es factible que los empleados acusen a sus compañeros por su posición política?
Como jefe sindical, no creo que ese mecanismo de “sapeo” se pueda generar. Las amenazas hechas por Diosdado, cuando pide que los “testigos cooperantes” acusen a los empleados que estén en contra de su idea es una mentira que vende el Gobierno para que crean que los mismos empleados son los chismosos.
La desesperación de haber perdido de forma abrumadora el afecto de la población lleva al Gobierno a estas situaciones tan preocupantes. Los trabajadores seguirán estando en la calle expresando lo que quieran, porque sencillamente el Estado ha sido un mal patrono. Esto no es más que un plan para tratar de evitar el rechazo de la sociedad civil a un modelo que perjudica al trabajador desde todos los puntos de vista.
¿Qué sucede con los despidos que ya se han realizado?
El número de funcionarios involucrados en despidos por firmar para el referendo es muy pequeño, tenemos cálculos de aproximadamente 100 trabajadores. Uno de los casos mas sonados es el de los trabajadores del Seniat, que fueron botados sin importar el tiempo que tenían de servicio. Ni siquiera llegan a un acuerdo para garantizar su jubilación. Esto viola completamente lo establecido en la legislación venezolana.
¿El Gobierno ha garantizado la renovación de los contratos colectivos?
El Gobierno no tiene moral para discutir las contrataciones colectivas, porque a pesar de que manifiesta ser obrerista nos encontramos con que los contratos colectivos de empresas como Sidor, el Metro de Caracas y el sector eléctrico, tiene más de cinco años vencido. Es por eso que cada vez que se hacen elecciones sindicales es derrotado contundentemente.
¿Al aumentar el salario mínimo aumentan las bonificaciones?
El tema de las bonificaciones es bastante delicado, en el caso de las de fin de año, los trabajadores según el salario actual pueden llegar a recibir solo 38 mil bolívares, casi la mitad de lo que recibe al mes. Esto distorsiona completamente el fin de estos beneficios. En el caso de las prestaciones sociales, por la que por tantos años lucharon los trabajadores, pasarían a representar casi lo mismo que recibe el empleado mensualmente. La concepción del ahorro del trabajo social se perdió por culpa de sus malas políticas.
¿Cuál es el sector de la Administración Pública más incumplido?
Los sectores más incumplidos son los de las gobernaciones y alcaldías, dado que hay una severa decisión del Gobierno de no bajarle los recursos a los entes que no están vinculados ideológicamente con el régimen. Este hecho viola tratados internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de los trabajadores de las alcaldías y gobernaciones aun no reciben el aumento del primero de marzo. Y en la mayoría de la Administración Pública los empleados no han recibido el aumento de 30%, según lo que indica la escala. Lo que siempre se paga son los salarios mínimos debido a que el Gobierno se ve obligado a crear nuevos tabuladores que indiquen el ajuste de salario. Sin embargo, aun no se ha creado una tabla nueva y seguimos trabajando con lo indicado en el aumento de mayo.
¿Es funcional que se decreten tantos aumentos?
El Gobierno nacional se jacta de decir que ha incrementado el salario mínimo en 34 oportunidades, y además lo utiliza como discurso en las instancias internacionales, pero los venezolanos sabemos que eso es una farsa.
Tenemos que recordar que en la Administración Pública existe un Contrato Marco, y esa idea de tener una especie de contrato referencial te ayuda a tener en la mayoría de las instituciones públicas una referencia mínima de ingresos. El penúltimo contrato que discutimos con este Gobierno, se hizo en el año 2002.
En noviembre del año pasado El presidente Nicolás Maduro firmó el último contrato marco que se debía poner en vigencia a partir del primero de enero del 2016. Sin embargo, aún no se aplica por falta de homologación. Es decir, A pesar de que lo firmó el Presidente, el ministro de Planificación, el ministro del Trabajo y el ministro de Finanzas, aun hay que esperar un paso burocrático que hace el Ministerio del Trabajo para formalizar y publicar en Gaceta Oficial una resolución que indique que el contrato se ha homologado. Lo que hizo Nicolás Maduro con la Administración Pública es una estafa, porque se trata de ignorar el contrato colectivo para darle dádivas a los trabajadores.
¿Cual es la situación actual de los jubilados y pensionados?
Los jubilados y pensionados de la Administración Pública están excluidos de muchos de los beneficios, están pasando hambre, no consiguen medicinas ni atención médica. Son los olvidados del Gobierno. La ultima convención colectiva no tuvo participación de beneficios para estas personas. La ley de Jubilados y Pensionados establece que estas personas deben homologarse a los nuevos ingresos, según el calculo de los tabuladores. Actualmente las personas que gozan de su pensión y jubilación perdieron prácticamente su bono por las políticas salariales.
¿Hay presión al sindicalismo por parte del Gobierno?
La presión existe en el momento cuando se realizan las elecciones sindicales. El CNE se ha convertido en la traba, si los representantes sindicales no tienen la boleta expedida por el ente electoral, el Gobierno no discute convenciones colectivas. Sin embargo, los representantes del sector petrolero y educativo no hacen elecciones, y aún así discuten sus acuerdos colectivos. Esto demuestra que el Gobierno de forma unilateral decide con quien discute.
¿Se han llevado las problemáticas de los trabajadores a instancias internacionales?
Nosotros nos reunimos con la Organización Internacional del Trabajo para plantearle todas las problemáticas que sufren los empleados públicos en Venezuela. Ellos determinaron que ciertamente Venezuela viola los derechos de los trabajadores y los convenios internacionales por no renovar las contrataciones colectivas.
¿Son correctas las medidas que el Gobierno toma en el área de la Administración Pública?
Las políticas ejercidas por el Estado en materia laboral nos retrotraen a la esclavitud. Todo el salario de los venezolanos, incluyendo el bono de alimentación se va solamente en comida.
¿La solución a los temas laborales es el cambio de Presidente o de modelo político?
Yo quiero revocar al Presidente. El pueblo tiene en sus manos sacar a la izquierda de este país. Nicolás Maduro debería renunciar antes que se profundice este desastre. Los trabajadores que en algún momento creyeron que Maduro representaba un cambio positivo para el país, hoy se sienten profundamente traicionados al ver como acabó todo el proyecto laboral que se había estructurado bajo el mandato del presidente Chávez. Al Gobierno se le terminó el tiempo, no hay chance ni alternativa. La clase trabajadora ya no siente empatía con el proceso liderado por Nicolás Maduro.