Autoridades de Texas detectaron un aumento importante en el número de conductores de camiones interceptados con licencias comerciales mexicanas obtenidas de manera fraudulenta, un problema que exponen la vulnerabilidad del sistema digital implementado por México en 2021.
Los reportes de patrulleros texanos que detuvieron a camioneros con estos permisos ilegales escalaron de 614 casos en 2022 a 919 en 2024, con 743 casos registrados solo hasta octubre de este año, según datos estatales presentados por Telemundo.
Fraude
Esta red de fraude, que según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) opera desde la Secretaría de Infraestructura de México.
Según el trabajo especial, este ente le permite a personas en Estados Unidos, incluyendo inmigrantes y ciudadanos, comprar licencias legítimas digitalmente sin pisar territorio mexicano ni realizar el entrenamiento requerido.
Un inmigrante nicaragüense deportado, Álvaro Moradel Mendoza, relató que pagó $1 300 por una licencia digital real y válida en el sistema mexicano, confirmando que la práctica se extendió rápidamente entre conductores en Texas.
Vacío legal
El fraude de la Licencia Federal de Conductor (LFC) digital aprovecha la reciprocidad de licencias entre México y Estados Unidos, una medida ratificada en el tratado de libre comercio que facilita la operación de camioneros extranjeros en suelo estadounidense.
El mayor Omar Villarreal del DPS de Texas, quien dirige las inspecciones, asegura que la digitalización de la LFC, introducida para combatir la corrupción, se convirtió en una “puerta digital al fraude”, permitiendo la venta de licencias reales a gran escala, con costos que alcanzan hasta $3 000.
Aunque las autoridades mexicanas niegan haber recibido denuncias o tener investigaciones abiertas sobre esta venta ilegal, Villarreal alertó sobre la situación a funcionarios mexicanos.
Las autoridades texanas piden al Gobierno federal que prohíba el vacío legal que permite a las compañías estadounidenses contratar conductores con estas licencias a salarios más bajos.
Argumentan que la situación representa un riesgo significativo de seguridad nacional y ha provocado accidentes. La Administración de Seguridad de Transportistas (FMCSA) no ha dado respuestas concretas ante las reiteradas denuncias.
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