El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió a la secretaría de seguridad nacional, Kristi Noem, solicitando el regreso de Andry Hernández Romero, un solicitante de asilo deportado a El Salvador.
Newsom argumenta que a Hernández Romero se le ha negado la oportunidad de defenderse ante acusaciones infundadas relacionadas con pandillas y de presentar su caso de asilo.
En su carta, enfatiza que Estados Unidos no debe enviar a personas a situaciones de tortura o victimización en prisiones extranjeras según reseña La Opinión.
¿Quién es Hernández Romero?
Andry Hernández Romero, de 31 años, llegó a Estados Unidos en el verano de 2024 mediante la aplicación CBP One y solicitó asilo debido a temores por su vida en Venezuela.
Estuvo detenido durante meses en el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego.
Su abogada, Lindsay Toczylowski, indicó que estaba cumpliendo con todos los requisitos para obtener asilo, pero no fue llevado a su audiencia programada el 13 de marzo y fue deportado sin explicación a la prisión CECOT en El Salvador, junto a otros inmigrantes.
La situación genera preocupación, ya que no hay acceso a Hernández Romero y se desconoce qué tribunal tiene jurisdicción sobre su caso.
Supuestas pruebas
Durante su detención, se han presentado pruebas cuestionables, como tatuajes que supuestamente lo vinculan a una pandilla, que en realidad son símbolos de su cultura y su familia.
La madre de Hernández Romero ha expresado su angustia por su bienestar, preguntándose cómo lo están tratando en la prisión.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que sus evaluaciones de inteligencia van más allá de los tatuajes, sugiriendo que las redes sociales de Hernández Romero indican alguna conexión con actividades delictivas.
Organizaciones como la Human Rights Campaign y GLAAD han levantado la voz en defensa de su situación, pidiendo el cese de las deportaciones erróneas y el respeto al debido proceso.
En el contexto más amplio, la administración de Trump ha deportado y detenido a miles de inmigrantes en sus primeros 100 días de gobierno.
Lo hace aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a presuntos pandilleros a El Salvador sin acceso a audiencias.
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