La justicia de los Estados Unidos dictó sentencia contra una ciudadana de San Antonio vinculada a una operación de contrabando humano que operaba entre Eagle Pass y San Antonio, Texas.
Erica Aracely Carmona, de 36 años, recibió una condena de 132 meses de cárcel luego de que las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) determinaran su responsabilidad en una conspiración para transportar extranjeros de forma irregular.
Los responsables de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional destacaron el impacto de este tipo de actividades ilícitas en la región, comentaron:
“La pérdida de vidas en este caso es un duro recordatorio de que el tráfico de personas no es solo un delito, sino una amenaza mortal para nuestras comunidades y quienes buscan un futuro mejor”, declaró John A. Pasciucco, agente especial interino a cargo de HSI San Antonio.
El caso cobró relevancia debido a que las condiciones del traslado provocaron el fallecimiento de personas que viajaban ocultas en estructuras fabricadas a medida para evadir los controles fronterizos.
Logística de los traslados y tecnología falsa
La organización criminal utilizaba remolques modificados por otros miembros de la red para esconder hasta 40 personas por viaje. Según los informes técnicos, la banda pasó de usar remolques pequeños a camiones de 18 ruedas, los cuales contaban con "compartimentos de trampa falsa" equipados con aire acondicionado para intentar mitigar las temperaturas extremas de Texas. A pesar de estas adaptaciones, la peligrosidad de la ruta y el hacinamiento resultaron en una tragedia mortal que derivó en la detención de Carmona en agosto de 2022 y su posterior declaración de culpabilidad.
Asimismo, la autoridad recalcó que la vigilancia sobre estas rutas de contrabando se mantendrá de forma permanente para evitar nuevos decesos.
“La sentencia de Carmona demuestra que HSI y nuestros socios perseguirán y desmantelarán sin descanso a las organizaciones criminales que priorizan las ganancias sobre la vida humana”, puntualizó Pasciucco tras conocerse el veredicto del tribunal de Del Río.
Multas millonarias y desmantelamiento
Además de la pena privativa de libertad, el juez federal ordenó a la sentenciada el pago de 955.350 dólares en concepto de restitución. Las autoridades indicaron que los remolques eran construidos por un miembro específico de la organización, identificado como Evan John Herrera, quien se encargaba de la ingeniería de los depósitos ocultos. Con esta sentencia, se busca frenar las actividades de grupos que priorizan el beneficio económico mediante el contrabando de individuos vulnerables a través de la frontera sur.
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