La administración federal activa una cláusula legal que obliga a los ciudadanos y residentes a reembolsar el costo de los servicios públicos utilizados por sus patrocinados. Esta medida afecta directamente a quienes suscribieron el formulario de compromiso económico para evitar que los recién llegados se conviertan en carga pública.
El incumplimiento de esta obligación financiera podría derivar en deudas masivas y procesos legales para miles de familias en todo el país.
¿Qué es el formulario I-864 y por qué es un contrato?
La declaración jurada de patrocinio económico constituye un contrato legal vinculante entre un patrocinador y el Gobierno de los Estados Unidos. Al firmar este documento, el ciudadano acepta la responsabilidad financiera total sobre el inmigrante durante su proceso de legalización.
El objetivo principal de esta normativa busca asegurar que la persona no utilice programas de asistencia social financiados por los contribuyentes. El compromiso permanece vigente hasta que el beneficiario obtenga la ciudadanía o acumule 40 créditos de trabajo ante el Seguro Social.
¿Qué servicios sociales debe reembolsar el patrocinador?
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) monitorea el uso de beneficios como Medicaid y otros subsidios de alimentación o vivienda. Si el inmigrante percibe cualquiera de estas ayudas, el patrocinador debe pagar el costo total de esos servicios de su propio bolsillo.
Esta exigencia aplica incluso si el patrocinado recibió los beneficios de manera legal según las reglas del programa específico. El gobierno considera que el patrocinador tiene la obligación primaria de proveer sustento antes que el Estado.
El subsecretario de Salud, Jim Mason, confirmó la medida mediante un anuncio oficial donde advierte sobre el inicio de estos procesos de recuperación de fondos. "Los patrocinadores que utilizan Medicaid y otros servicios sociales deberán pagar al gobierno por estos gastos", señaló Mason en su declaración.
¿Qué impacto tiene esta medida en la comunidad inmigrante?
Diversas organizaciones sociales califican esta acción como un golpe severo que dificulta la obtención de nuevos patrocinios legales en el futuro. Muchos ciudadanos evitarán firmar el formulario I-864 por temor a contraer deudas impagables ante un posible uso imprevisto de salud por parte del inmigrante.
"Esto hará mucho más difícil que una persona acepte patrocinar a un migrante", afirmaron representantes de grupos que trabajan con la comunidad. La incertidumbre económica paraliza procesos de reunificación familiar que antes fluían con mayor regularidad bajo otras administraciones.
¿Cuándo termina la obligación legal del patrocinador?
Los expertos en leyes migratorias advierten que esta responsabilidad solo finaliza bajo circunstancias muy específicas y estrictas. La obligación caduca si el patrocinado muere, se convierte en ciudadano estadounidense o completa diez años de trabajo formal en el país.
Es fundamental que los interesados consulten de inmediato a un abogado de inmigración en su estado de residencia para evaluar su situación. La asesoría profesional ayuda a entender el alcance de estas cartas de cobro y las posibles defensas legales ante el Departamento de Salud.
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