La ley SB 8, firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el pasado 20 de junio, establece un giro profundo en la relación entre los condados y las autoridades migratorias federales.
A partir del 1º de enero de 2026, todos los sheriffs que administren cárceles —de forma directa o mediante terceros— deberán firmar convenios de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el amparo de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad o programas equivalentes.
La medida, descrita como una prioridad del Ejecutivo estatal, obliga a los alguaciles a solicitar y establecer acuerdos formales que definan el alcance, la duración y los límites de la autoridad migratoria delegada.
Si una jurisdicción no presenta un convenio, deberá entregar solicitudes adicionales cada año hasta cumplir los requisitos.
Costos y fecha límite para los condados
La ley contempla un programa de subvenciones destinado a cubrir los gastos derivados de la implementación de los acuerdos.
Sin embargo, el acceso a estos fondos depende de la firma previa del convenio migratorio, lo que podría dejar a varios condados sin los recursos necesarios.
De acuerdo con disposiciones incluidas en la SB 8, el fiscal general podrá demandar a cualquier sheriff que no cumpla con las obligaciones del proyecto.
Aunque la normativa entra en vigor en enero de 2026, la fecha límite de cumplimiento para las autoridades locales será el 1º de diciembre del mismo año.
El contralor estatal deberá supervisar la ejecución del programa y elaborar informes periódicos para garantizar que los condados avancen en las nuevas exigencias.
Preocupaciones por impacto comunitario y discriminación
Organizaciones de derechos civiles reaccionaron de inmediato. La ACLU de Texas advirtió que los fondos disponibles no cubren los costos reales y que los contribuyentes podrían terminar absorbiendo el gasto adicional.
La estratega Sarah Cruz señaló que la ley presionará a los alguaciles a asumir funciones de ICE, desviará recursos policiales y aumentará el riesgo de discriminación racial, además de minar la confianza de las comunidades inmigrantes.
Texas Tribune reportó que legisladores demócratas manifestaron preocupaciones similares antes de la votación, especialmente sobre la posible carga financiera y el deterioro de la relación entre residentes y autoridades locales.
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