Virginia vive un cambio radical en su política de seguridad y migración bajo el nuevo mandato de la gobernadora Abigail Spanberger.
El estado consolida su alejamiento de las políticas del gobierno federal al formalizar la ruptura de los lazos operativos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A través de una serie de órdenes ejecutivas, la mandataria ha dejado claro que las fuerzas del orden locales no deben actuar como agentes migratorios, priorizando la "confianza pública" sobre la vigilancia federal.
El fin de los acuerdos 287(g)
La medida más contundente ha sido la Directriz Ejecutiva 1, con la cual Spanberger ordenó la terminación inmediata de los convenios 287(g).
Estos acuerdos permitían que oficiales estatales y locales realizaran funciones de agentes de inmigración bajo supervisión federal.
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Alcance total: La orden afecta directamente a la Policía Estatal de Virginia y al Departamento de Correccionales.
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Fundamento: La gobernadora argumenta que estas alianzas delegan de forma impropia la discreción de la policía de Virginia al gobierno federal.
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Plazo de ejecución: Las entidades tuvieron apenas cinco días hábiles para detallar el cierre definitivo de estos convenios.
Nueva doctrina policial: Contra la "vigilancia basada en el miedo"
Acompañando la cancelación de acuerdos, la Orden Ejecutiva 12 establece un nuevo estándar ético para los uniformados del estado. Según el documento, la labor policial solo es efectiva si existe confianza entre la comunidad y los oficiales.
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Enfoque en el delito: Se instruye a las fuerzas de seguridad a centrarse exclusivamente en el estado de derecho y la investigación de crímenes.
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Manuales bajo revisión: Todas las agencias de seguridad deben corregir manuales y prácticas que fomenten la vigilancia basada en el estatus migratorio.
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Anulación de la era Youngkin: Estas acciones revierten la política del exgobernador Glenn Youngkin, quien en 2025 había convertido en obligación la participación estatal en los acuerdos con ICE.
Reacciones: un estado dividido
Como era de esperarse, la decisión ha generado una fuerte fricción política en el Capitolio de Virginia. Los sectores republicanos han alzado la voz contra lo que consideran un debilitamiento de la seguridad pública.
"Esta directiva pondrá en peligro a más residentes de Virginia. Sienta un precedente peligroso", afirmó el representante republicano John McGuire, sosteniendo que la cooperación con agencias federales es vital para combatir la criminalidad.
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