El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicaron en noviembre de 2025 una propuesta que amplía los criterios para rechazar solicitudes de residencia permanente basándose en la regla de "carga pública".
Esta medida deroga la regulación más flexible establecida en 2022 por la administración Biden y soporta las condiciones para obtener la tarjeta verde, afectando el acceso legal de miles de inmigrantes que podrían ser considerados dependientes de beneficios públicos como Medicaid, SNAP o vivienda pública.
Detalles de la nueva norma de carga pública
La propuesta oficial, publicada el 18 de noviembre de 2025 en el Registro Federal, busca dar mayor discrecionalidad a los oficiales migratorios para evaluar si un solicitante de tarjeta verde podría convertirse en una carga pública. El DHS argumenta que las reglas de 2022 "no son la mejor aplicación de la ley" y limitan su capacidad para hacer un análisis integral y preciso.
Entre los criterios que ahora podrán considerarse están el uso de programas como Medicaid, SNAP y subsidios de vivienda, así como factores sociales y económicos del solicitante y su familia. Esta norma retoma la política iniciada en 2019 durante el primer mandato de Trump, limitando el acceso a la residencia para quienes hayan utilizado ciertos beneficios sociales.
Reacciones y afectados
Organizaciones defensoras de derechos humanos y migratorios han criticado duramente la medida.
Según Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition:
"La nueva política disuade a los inmigrantes con estatus legal de buscar la atención médica y a los ciudadanos estadounidenses, a buscar la ayuda que necesitan, a pesar de que tienen derecho según la ley federal", expresó Cadena.
Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que esta política:
"Este es otro ataque más, diseñado para sembrar el miedo y la confusión en las comunidades de inmigrantes. Los inmigrantes no viven aislados; muchos de ellos viven en familias con estatus mixtos", expresó Matos.
La reacción pública anticipa posibles impugnaciones judiciales para frenar la aplicación definitiva de esta normativa.
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