EFE
Dueños encadenados y escasez de alquileres son dos imágenes que se funden en el casi inexistente mercado de arrendamiento en Venezuela tres años después de que se aprobara una ley que buscaba proteger a los arrendatarios y que continúa siendo criticada por los propietarios.
Miguel Clery busca un apartamento para alquilar y a día de hoy duerme en un salón después de pasar hace unas semanas unos días en el balcón de un conocido.
Originario de Martinica, este técnico de mediana edad comenzó a buscar apartamento en Caracas en diciembre del año pasado pero desistió el mismo día al darse cuenta rápidamente de la poca oferta y los precios que había, y comenzó así una peregrinación de casa en casa que todavía no sabe cuando concluirá.
Como Clery, miles de personas sufren en Venezuela la odisea de buscar apartamento porque, según explicó a Efe el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, "hoy en día es prácticamente imposible arrendar" en el país.
Las noticias en medios locales sobre propietarios que se encadenan o se ponen a vivir frente a sus apartamentos alquilados o incluso cohabitan forzosamente con los inquilinos ante la imposibilidad de recuperar la vivienda se repiten desde hace meses.
"Una vez que tú alquilas tu vivienda se te hace prácticamente imposible recuperarla", aseguró Martini, en alusión a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una norma que formó parte en 2011 de una serie de mecanismos aprobados por el Gobierno para tratar de fortalecer la protección de los arrendatarios.
La norma se adoptó en medio de un diagnóstico del Ejecutivo que decía que en el país existe un déficit oficial de 3 millones de viviendas, y preveía medidas como límites en los cánones de arrendamiento, el otorgamiento de derechos a los arrendatarios a adquirir la vivienda después de 20 años de renta o el control del Estado de las relaciones entre propietarios e inquilinos.
"Hace 10 años el alquiler representaba el 30% de las soluciones habitacionales y 10 años después (…) solo el 1% del mercado inmobiliario lo representa el alquiler", afirmó a Efe el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta.
El también abogado aseguró que en la última década la oferta en este sector se ha reducido en un 95% según datos de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana basados en los clasificados de los principales periódicos caraqueños de tirada nacional.
Orta dice que se trata de "una ley desequilibrada con una carga política muy importante (…) que termina de llevar a los propietarios a una situación no de temor, sino a una situación de indefensión general".
Giancarlo Schechnner montó el portal inmobiliario Conlallave.com en 2011 y antes de diagnosticar la situación actual tiene que buscar en su navegador para saber cuál es la oferta de la que realmente dispone.
Reconoce que en su página los alquileres no son baratos pero asegura que en la "época buena", al poco de fundarla, llegaron a tener una oferta de alrededor de 700 apartamentos. Hoy dispone de 51.
Esta normativa se sumó a una Ley contra Desalojos Arbitrarios aprobada con anterioridad y que garantizaba, entre otras cosas, que una persona que alquilara no tenía que abandonar una residencia antes de que el Gobierno le facilitase otro techo.
El Tribunal Supremo venezolano incluso instó a los jueces en enero de 2011 a "limitar temporalmente" toda medida judicial "de carácter ejecutivo o cautelar" que recayese "sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación".
Según Apiur, en la actualidad la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi), ente que rige el mercado, maneja alrededor de 50.000 casos de desalojo de los que, afirma, ha solucionado dos.
El presidente de la Comisión Parlamentaria de Administración y Servicios, el chavista Claudio Farías, rechaza esa cifra y dice que son 20.000, de los que 15 ya han sido resueltos.
"El desalojo quizá era la muestra mayor de que había un problema de injusticia social", indicó a Efe el diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
"Si yo voy mañana y te digo ‘quiero mi apartamento’, el inquilino dice ‘es que yo no tengo pá donde irme, el Ejecutivo me tiene que garantizar a mí un espacio donde yo vivir’ (…). Un Gobierno responsable no puede hacer eso, no puede permitir eso", defendió, y manifestó su apoyo a la ley aunque reconoció diversas "imposibilidades" para aplicarla.
"El ministro (de Vivienda, Rafael) Molina ha planteado la posible reforma de la ley (…) ahora, lo primero que decimos es que eso es una ley que elaboró el pueblo", advirtió el antiguo sindicalista
2014-06-15