El Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) en colaboración con la Red Internacional de Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ), presentó en Madrid, el Informe de las Elecciones Presidenciales del 14 de abril. Gustavo Palomares, presidente del instituto, señaló que estos comicios presentaron más irregularidades que otras citas electorales.
El objeto de este estudio es medir el tono democrático y la transparencia de los diferentes ámbitos que determinan el proceso electoral, por lo que se evaluaron algunas instituciones y su comportamiento durante el mismo, como por ejemplo: los medios de comunicación, el tribunal supremo, el CNE y la oposición, entre otros.
Palomares indicó que se cometieron varias irregularidades, entre ellos la excesiva utilización de los recursos del Estado con fines de proselitismo político o el desempeño del árbitro electoral, el CNE, que tras la negativa de favorecer una auditoría, ha reforzado en la opinión pública las dudas sobre su imparcialidad.
Finalmente, Claudia Salcedo, directora jurídica del IAEE, añadió, que la conclusión de este trabajo es “proporcionar elementos de juicio para que el gobierno, la oposición y la ciudadanía venezolana avancen hacia el fortalecimiento de la democracia”.
El IAEE detectó las siguientes irregularidades:
– “Inseguridad jurídica e inquietud ciudadana sobre el origen de la candidatura de Maduro, su elección o las respuestas contradictorias sobre aceptar una auditoría”.
– Afán de conservar el poder “a toda costa” y mantener el legado de Chávez constituye una violación de las normas y aumentar “la sospecha de una suspensión del Estado de Derecho”. “Las instituciones del Estado han perdido neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.
– “Actores políticos siguen volcados en enfrentamientos y no en debates que garanticen líneas estables”.
– La negativa del CNE de propiciar una auditoría completa ha generado ataques y “dudas” con respeto a su imparcialidad. IAEE relata cómo fueron testigos de ocho delitos electorales en el liceo Aplicación de Montalbán, Caracas, cuando el diputado del PSUV Robert Serrat llegó con un paquete de cédulas para que indigentes pudieran votar.
Delitos: impedir el derecho al sufragio; “accionar de mecanismos y votos fraudulentos”; porte de armas; alterar el orden; perturbar el acto democrático; asistir a más de un votante, y prohibir votos a discapacitados.
– “El alto nivel de enfrentamiento y agresividad, que contagia a la ciudadanía, propicia una polarización social insostenible”. Por ello proponen crear “espacios mixtos” de diálogo que faciliten la estabilidad y continuidad institucional.
– “Existe una concordancia Estado-administración-partido; líder sucesorio/vicepresidente/candidato a presidente”, que desvía el papel del Estado, que debe atender a todos por igual.
– Se presiona a los funcionarios –fijos o contratados– si no apoyan de manera “activa y manifiesta” al candidato gubernamental y se le moviliza para actos de campaña, indica el informe, que cita las amenazas de los ministros de la Vivienda y Comunicaciones, Ricardo Molina y Ernesto Villegas, respectivamente, así como el uso de las páginas web de la Cancillería para atacar a la oposición.