En un esfuerzo por aliviar el miedo en las comunidades inmigrantes, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) está implementando una nueva política que tiene como objetivo convertir todos los planteles en "zonas seguras" que sean infranqueables para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta iniciativa surge como respuesta a un aumento en las operaciones federales y al vacío legal que quedó tras la eliminación de las políticas de "lugares sensibles" a nivel nacional.
Escuelas como refugios seguros ante redadas del ICE
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la junta, Xóchitl Gaytán, y apoyada por organizaciones civiles como Movimiento Poder, establece que ninguna propiedad del distrito —incluyendo edificios, paradas de autobús y transporte escolar— podrá ser utilizada para fines de control migratorio.
Con esta nueva normativa, el personal del distrito tiene prohibido estrictamente permitir el acceso a agentes de ICE o compartir registros y grabaciones de video sin una orden judicial válida firmada por un juez federal.
Esta medida refuerza la reciente ley estatal de Colorado SB25-276, que limita la divulgación de información personal de los estudiantes, reseña 9News Denver.
El papel crucial de los oficiales de seguridad (SRO)
Uno de los aspectos más discutidos de la propuesta es la restricción impuesta a los oficiales de recursos escolares (SRO).
La medida prohíbe a estos agentes emitir citaciones o realizar arrestos si creen que eso podría poner a un estudiante en riesgo de deportación, indica Chalkbeat Colorado.
"Queremos asegurar que el miedo no sea una barrera para la educación", afirmó Flor Canales, gerente de comunicaciones de Movimiento Poder, en declaraciones recogidas por 9News. "Hemos visto cómo las agencias federales intentan eludir las leyes locales, y estas zonas seguras son nuestra línea de defensa".
Medidas clave de la nueva política para proteger escuelas de redadas del ICE
Acceso restringido: Para ingresar a cualquier instalación escolar, se necesita una orden judicial federal.
Privacidad de datos: Está prohibido compartir el estatus migratorio de los alumnos o sus familiares.
Apoyo a DACA: El distrito ofrecerá recursos legales y respaldo al personal docente que tenga estatus DACA, especialmente si hay cambios en el programa federal.
Zonas extendidas: La protección se extiende a eventos organizados por la escuela y a las rutas de transporte.
La Junta de Educación planea someter esta medida a votación final en marzo de 2026, mientras que familias y educadores siguen pidiendo un entorno donde el aprendizaje sea la prioridad, por encima del miedo.
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