La Asamblea Nacional de Francia aprobó este martes en primera lectura la creación de un "derecho a la muerte asistida", marcando un paso crucial en esta reforma social que ha sido debatida durante años.
La medida obtuvo 305 votos a favor y 199 en contra, reflejando una división significativa entre los partidos políticos, pese a que una gran mayoría de los ciudadanos apoya la iniciativa, señala RTVE
Contenido del texto legislativo
Los diputados votaron sobre dos textos legales, uno orientado a ampliar el acceso a los cuidados paliativos y otro que, por primera vez, autoriza la ayuda activa para morir.
El texto limita el acceso a pacientes con enfermedades graves o incurables en estado avanzado, que sufran de forma insoportable y puedan expresar su voluntad libremente el mismo día de la aplicación del procedimiento.
Quedan excluidos del acceso a la muerte asistida pacientes en coma y personas con alzhéimer avanzado, aun cuando hubieran solicitado la eutanasia previamente.
El procedimiento establece que el paciente debe administrarse por sí mismo la sustancia letal, facilitada por un profesional médico, salvo en casos donde exista imposibilidad física, en cuyo caso un sanitario podrá intervenir.
Posiciones dentro del gobierno francés
El debate sobre la ley ha generado diversas posturas dentro del propio Ejecutivo francés.
Por su parte el presidente Emmanuel Macron ha manifestado su respaldo a la iniciativa, mientras que el primer ministro François Bayrou, históricamente reacio a apoyar la muerte asistida, expresó sus dudas sobre el texto, asegurando que se abstendría en esta fase.
Proceso de implementación
La solicitud deberá pasar por una evaluación médica colegiada en un plazo de quince días.
Si es aprobada, el paciente contará con dos días de reflexión, durante los cuales podrá reconsiderar su decisión.
El procedimiento deberá ejecutarse en un máximo de tres meses tras su aprobación.
Si la ley es finalmente adoptada, Francia se convertirá en el octavo país europeo en legalizar la muerte asistida, uniéndose a naciones como Países Bajos, Bélgica y España en la regulación de esta práctica.
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