EFE
Human Rights Watch (HRW) denunció que el acuerdo de justicia entre el Gobierno colombiano y las FARC permite blindar de la persecución penal a los militares responsables de "falsos positivos", como se conocen en el país las ejecuciones de civiles cometidas para simular bajas de guerrilleros.
"Estamos ante un acuerdo que hace un jaque mate a la Justicia colombiana, el conjunto de ambigüedades y lagunas del acuerdo podría garantizar que responsables de falsos positivos de todos los rangos no respondan a la Justicia por esos crímenes atroces", dijo hoy José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de HRW.
Vivanco criticó la "gran impunidad" que conlleva, a su juicio, el acuerdo tanto para los soldados rasos como para los altos mandos del Ejército colombiano implicados en estos casos.
La organización promotora de los derechos humanos considera que los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales deberían seguir siendo sometidos a la Justicia penal ordinaria y no a la jurisdicción especial para la paz que establece un acuerdo firmado en diciembre.
"Las normas anunciadas por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrían ser empleadas para otorgarle una inmunidad amplia a agentes del Estado que cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad", sostiene HRW en el análisis presentado hoy.
"Esas normas incluso podrían blindar la persecución penal de los casos conocidos como falsos positivos", añade el documento.
Entre 2002 y 2008, militares colombianos ejecutaron a más de 3.000 civiles para simular un número de bajas de guerrilleros superior al real y así lograr reconocimientos, según cifras de HRW.
El temor de esta organización es que los investigados o condenados por estos hechos soliciten el traslado de sus causas a la jurisdicción especial para la paz, con el argumento de que sus casos están directa o indirectamente vinculados al conflicto armado.
"Hasta ahora, los únicos que han pagado por los falsos positivos son los militares de bajo rango y no los de alto rango, a pesar de que muchos de ellos ascendieron gracias a esos falsos positivos", señaló Vivanco.
HRW denuncia así los "resquicios jurídicos" negociados entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla en La Habana para proteger "a los superiores jerárquicos tanto de las FARC como del Ejército".
Para Vivanco, el acuerdo de paz colombiano incluye una "definición manipulada" del concepto de responsabilidad del mando, que permitirá que los altos cargos militares aleguen que no tenían control sobre el delito mismo y solo sobre las tropas.
"El concepto internacional es que al superior se le impute la responsabilidad porque debió haber conocido de los delitos cometidos por sus subordinados, con tener el control de las tropas es suficiente", señaló.
"En el caso de los bajos rangos, podrán argumentar que no tuvieron la mayor responsabilidad y el tribunal podrá renunciar a la persecución penal. Si eso no es impunidad, que alguien defina en qué consiste impunidad", agregó.
Según Vivanco, para el Gobierno colombiano estos términos facilitan probablemente llegar a la firma del documento para la paz, pero "con ellos se pierde la posibilidad de fortalecer un proceso de paz creíble".
"El eslabón más débil en este proceso son las víctimas, si el acuerdo se convierte en legislación colombiana los que van a sufrir el mayor daño son los que van a tener que resignarse a un proceso que no les garantiza unos mínimos", concluyó.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que las diferencias con las FARC acerca de los tiempos y términos de su desarme impidieron al Gobierno firmar un acuerdo de paz el pasado 23 de marzo, como habían acordado las partes en septiembre del año pasado.
2016-03-28