El pleno del Parlamento Europeo apoyó exigir a las compañías energéticas que realizan extracciones de petróleo y gas en alta mar que antes de iniciar las tareas de perforación prueben su capacidad para asumir los costes en caso de accidente.
El nuevo requisito forma parte de una legislación, ya acordada con los Gobiernos nacionales de los Veintisiete, destinada a reforzar la seguridad medioambiental de estas prácticas.
La normativa llevaba varios años en negociación y fue planteada a raíz de la catástrofe medioambiental del golfo de México, causada por un vertido de la petrolera British Petroleum en 2010.
El eurodiputado popular Ivo Belet, ponente del informe que ha aprobado la Eurocámara (por 572 votos a favor, 103 en contra y 14 abstenciones), hizo hoy hincapié en la necesidad de contar con estándares fuertes que regulen la gestión de riesgo y ha confiado en que la actuación de la UE sirva de ejemplo a escala internacional.
Las energéticas deberán además presentar informes sobre riesgos y planes preventivos para hacer frente a emergencias antes de poder recibir una licencia de perforación.
El informe sobre riesgos deberá incluir una descripción de la instalación perforadora, una lista de los principales peligros potenciales y una relación de las medidas de protección a los trabajadores.
El plan de emergencia deberá proporcionar una lista detallada de los recursos y equipamientos disponibles, las medidas a tomar en caso de accidente y las acciones necesarias para limitar los riesgos y avisar a las autoridades con suficiente antelación.
Los Veintisiete deberán además preparar planes de emergencia externos para reaccionar a cualquier accidente que se produzca en una plataforma situada dentro de la jurisdicción comunitaria.
Estos planes especificarán el papel y las obligaciones financieras de las compañías extractoras así como las responsabilidades de las autoridades competentes y de los equipos de emergencia.
La UE dispone de casi mil instalaciones de gas y petróleo en alta mar, de las que 486 son propiedad del Reino Unido y 181, de Holanda, recuerda el Parlamento Europeo en una nota de prensa.
España, por su parte, posee cuatro instalaciones, localizadas principalmente en el golfo de Cádiz y en la costa de Tarragona y del País Vasco.
Los países de la UE disponen de dos años para trasladar esta directiva a sus legislaciones nacionales y las instalaciones ya existentes tendrán cinco años de margen para adaptarse a las nuevas normas. /EFE
21/05/13
