Redacción Jesús M. Gambús/[email protected]
“No se puede esperar nada jurídicamente de la demanda del Gobierno del presidente Nicolás Maduro al decreto de su homólogo Barack Obama”, asegura la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa.
“Deberían asesorarse mejor, no solo por los costos que implica, sino por un tema de ridiculez internacional”, subraya la exmagistrada.
Sosa invierte los papeles y se pregunta qué pasaría si la demanda a un acto de Maduro, como la nulidad de los decretos de los estados de excepción es solicitado por Barack Obama . “Allí si hablaríamos de injerencia de los Estados Unidos”, sostiene.
Para la exmagistrada el tema medular es que, “estamos hablando de una ley, no de un decreto. Eso hay que destacarlo. Yo no puedo demandar un decreto que está fundamentado en una ley, porque lo que estoy diciendo es que la ley es inconstitucional”, lo que a su modo de ver es una injerencia en asuntos del Congreso de los Estados Unidos.
Sosa retoma su apreciación inicial y destaca: “A mi manera de ver es un asunto descabellado, porque estoy haciendo precisamente lo que no me gusta que me hagan a mí.
Diplomacia espectáculo. La acción legal anunciada por el presidente Nicolás Maduro contra el Gobierno estadounidense, para que derogue el decreto que sanciona a funcionarios ligados al Ejecutivo actual y a las administraciones bolivarianas pasadas, se enmarca dentro de la “diplomacia-espectáculo” como la cataloga Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
“La acción es una nueva embestida contra los Estados Unidos”, sentencia”. El decreto es un acto soberano de ese país, como lo es por ejemplo, dice el diplomático, la reciente medida del Ejecutivo venezolano de darles visas de turistas a una delegación de eurodiputados que si bien, es una actitud nada cortés, es potestad del país.
Valoración cero. La demanda contra el decreto del Obama del pasado mes de marzo, “bajo el punto de vista jurídico no tiene ninguna valoración”, subraya Alcalay y recuerda el curso del reclamo cubano al viejo embargo económico que no ha podido obligar a Estados Unidos a suspenderlo, ni siquiera por lo ventilado en las Naciones Unidas ni en los foros internacionales.
El punto de vista de Alcalay hace pensar del camino cuesta arriba que tienen los representantes legales de Venezuela en esas instancias que bien han sido seleccionadas por la Cancillería o de una orden directa del Ejecutivo pero que, cuesta muchísimo dinero, dijo, sin arriesgar una cifra.
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2015-11-03