Tras el anuncio de la administración federal, Estados Unidos (EEUU), de congelar miles de millones de dólares destinados a programas de asistencia social en varios estados, la batalla se ha trasladado a los tribunales.
Los Fiscales Generales de California, Nueva York, Illinois, Colorado y Minnesota presentaron una demanda conjunta alegando que el recorte de fondos es un "abuso de poder inconstitucional" que pone en riesgo la supervivencia de las familias más vulnerables, incluyendo a parte de las comunidades inmigrantes.
La medida, ejecutada a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), afecta directamente a tres pilares de la red de protección social:
- Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF): subsidios para guarderías.
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF): ayuda económica directa y capacitación laboral.
- Subvención en Bloque de Servicios Sociales (SSBG): fondos para protección infantil y servicios para discapacitados.
El enfoque “publico” del Estado es que se han centrado en la "transparencia de datos" y la reestructuración de subsidios, lo que ha generado choques constantes con estados de tendencia demócrata que priorizan la privacidad del usuario.
El origen del conflicto: ¿Fraude o recolección de datos?
El Secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., justificó la medida afirmando que los estados se negaron a presentar planes viables para erradicar el fraude.
Sin embargo, la raíz de la disputa parece ser la exigencia del gobierno federal de obtener nombres y números de Seguro Social de todos los beneficiarios.
El Fiscal General de California, Rob Bonta, denunció que la administración exigió la entrega de información personal identificable en un plazo de solo 14 días.
"Es profundamente preocupante", señaló Bonta, sugiriendo que esta recolección masiva de datos podría tener fines ajenos a la auditoría financiera, especialmente en estados santuario.
Los fiscales generales, liderados por Letitia James (NY) y Rob Bonta (CA), argumentan que el bloqueo es:
- Inconstitucional: afirman que solo el Congreso tiene el "poder del bolsillo" (decidir en qué se gasta el dinero) y que el Ejecutivo no puede retener fondos ya aprobados por ley.
- Sin pruebas: los estados aseguran que el Gobierno no ha presentado evidencia alguna de fraude sistémico que justifique castigar a millones de familias.
- Venganza política: los gobernadores han calificado la medida de "cruel" y "vengativa", sugiriendo que es un ataque directo a los estados "azules" (demócratas).
Impacto en la comunidad inmigrante
Aunque el gobierno federal justifica los recortes alegando que personas sin estatus legal podrían estar recibiendo beneficios indebidamente, las leyes estatales en lugares como California o Nueva York a menudo tienen protecciones específicas.
Los expertos legales advierten que esta medida busca crear un "efecto amedrentador" para que familias mixtas, donde algunos miembros tienen papeles y otros no, dejen de solicitar ayuda por miedo a que sus datos lleguen a las autoridades migratorias.
Lo que debes saber hoy
Si usted o su familia dependen de estos programas en los estados mencionados, considere los siguientes puntos:
- Los fondos no han desaparecido aún: la demanda busca una orden judicial inmediata para que el dinero siga fluyendo mientras el caso se resuelve.
- Privacidad de datos: los estados demandantes están luchando precisamente para no entregar sus listas de beneficiarios al gobierno federal.
Es decir, por ahora, sus datos siguen bajo custodia estatal.
- Elegibilidad: recuerde que, en muchos casos, los niños nacidos en EEUU son elegibles para beneficios aunque sus padres no tengan estatus legal.
Recibir estos beneficios para sus hijos no suele afectar su proceso migratorio bajo las reglas actuales de "carga pública", aunque siempre es recomendable consultar a un abogado.
El temor de la comunidad inmigrante no es infundado. Históricamente, cualquier escrutinio sobre programas sociales se asocia con intentos de endurecer las políticas de carga pública.
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