En Nueva York, Estados Unidos (EEUU), un fallo judicial obligará a que cierto condado pague miles de dólares a un grupo de inmigrantes que se vio afectado en su jurisdicción, sepa de qué se trata.
Se trata de un acuerdo que es el resultado de una demanda colectiva federal iniciada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que acusó al condado de Suffolk de violar los derechos civiles de los inmigrantes.
La demanda se centró en la práctica de la Policía del Condado de Suffolk (SCPD) de detener a inmigrantes que ya estaban listos para ser liberados de la custodia local, tras pagar fianza o completar su sentencia, únicamente para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pudiera llevárselos.
La ACLU argumentó que estas detenciones constituían una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege contra detenciones y registros irrazonables sin una causa probable legalmente válida.
Hicieron hincapié en que los arrestos se basaban únicamente en solicitudes de detención, lo que se le llama “detainer requests” de ICE, y no en una orden judicial penal válida.
Lo que debes saber sobre el fallo
Una corte federal en Brooklyn determinó que el Condado de Suffolk deberá pagar 112 millones de dólares a ciertos inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente para ser entregados al ICE.
El caso, registrado como Orellana Castañeda et al. v. Suffolk County, consideró que el condado, junto a su oficina del sheriff, violó derechos constitucionales.
Es importante destacar que los inmigrantes afectados fueron detenidos ilegalmente entre noviembre de 2013 y junio de 2017, en total son 674 inmigrantes que formaron parte de la demanda colectiva.
El pago promedio por persona es de aproximadamente $166.000 dólares, aunque las cantidades exactas varían según el tiempo que cada persona fue detenida.
Esta representa una de las mayores indemnizaciones concedidas en Nueva York por violaciones a los derechos de migrantes.
El pago busca compensar a los migrantes por los daños sufridos debido a la detención ilegal, incluyendo el tiempo adicional que pasaron injustamente bajo custodia del Condado de Suffolk antes de ser entregados a ICE.
Más sobre el impacto de la decisión
Además, una parte crucial del acuerdo fue la orden de que el Condado de Suffolk pusiera fin a esta práctica inmediatamente.
Lo que refuerza la política de que las agencias locales de aplicación de la ley no pueden detener a personas basándose únicamente en las solicitudes de ICE, sino que requieren una orden judicial federal.
En este sentido, la resolución busca sentar un precedente legal sobre la responsabilidad de los condados y las jurisdicciones locales de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
La decisión fue celebrada por organizaciones de derechos civiles como una victoria en favor de los derechos constitucionales de esta población.
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