El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le exige el pago de $1.82 millones a una inmigrante hondureña de 43 años, en Florida, por permanecer en Estados Unidos después de que se emitiera una orden de deportación en su contra en abril de 2005.
Es importante recordar que, estar en Estados Unidos sin permiso legal no solo implica el riesgo de ser arrestado en operativos de inmigración, sino también la posibilidad de enfrentar multas muy elevadas, como refleja este caso.
Actualmente, la inmigrante está luchando legalmente para evitar tanto su deportación inmediata como la enorme sanción económica.
La abogada de la mujer, Michelle Sánchez, introdujo una petición legal para revocar la orden de deportación, reseña El Comercio.
Su argumento principal es que su clienta, madre de tres hijos que son ciudadanos estadounidenses, no tiene historial delictivo, cumple con los criterios para solicitar la residencia legal permanente y que nunca se le notificaron correctamente las implicaciones legales de quedarse en el país después de la orden emitida hace casi dos décadas.
¿Cómo el ICE determinó esta cifra para la multa de la inmigrante hondureña?
Una inmigrante hondureña se ve obligada a pagar una multa de 1.82 millones de dólares.
Esta sanción se originó en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que faculta al ICE a imponer multas de 500 dólares por cada día que una persona permanezca en Estados Unidos tras recibir una orden de deportación final.
En este caso, la mujer había permanecido en el país por más de 3.600 días, desde el año 2005, lo que elevó la multa a una cantidad muy alta.
En declaraciones a Telemundo, dijo que “ni trabajando toda una vida, podríamos juntar todo ese dinero (...) Es una suma demasiado grande”, sin revelar su nombre.
“Que me den la oportunidad de seguir hacia adelante, ver a mis hijos triunfar, ver a mis hijos crecer”, expresó entre lágrimas.
La administración de Trump elevó la cantidad diaria de diner en multas de ICE
En abril de 2025, durante el mandato de Donald Trump, se produjo un anuncio de gran impacto en política migratoria.
Se comunicó la imposición de sanciones económicas severas para los inmigrantes sin estatus legal, estableciendo multas diarias que podrían alcanzar los $998.
A esta medida se sumaron advertencias sobre la posible incautación de sus propiedades y la intensificación de los procedimientos legales en su contra.
Una abogada declaró a CBS News que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado notificando multas a varios de sus representados que residen en Estados Unidos sin la documentación requerida, aunque señaló que ninguno de estos casos había alcanzado la elevada suma impuesta a una ciudadana hondureña.
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