Lo que comenzó como un movimiento estudiantil en las aulas de Austin se ha transformado en una batalla legal de alto nivel que puede afectar en gran medida a los Distritos Escolares y a los estudiantes.
Resulta que, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ha escalado su ofensiva contra el sistema educativo público, anunciando investigaciones formales contra tres nuevos distritos escolares, sumándose al proceso ya abierto contra el Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD).
La controversia surge tras una ola de walkouts (abandonos de aula) organizados por estudiantes en protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Estas manifestaciones cobraron fuerza tras los trágicos incidentes en Minnesota, donde los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti perdieron la vida en un operativo migratorio, un evento que ha encendido las alarmas sobre los protocolos de las agencias federales.
Radiografía de la investigación
Paxton sostiene que las administraciones escolares no solo permitieron, sino que presuntamente "ayudaron a organizar" las protestas.
Los distritos ahora bajo la lupa oficial son:
- NEISD (San Antonio): específicamente centrado en la Churchill High School.
- Dallas ISD: uno de los más grandes del estado.
- Manor ISD: ubicado en las afueras de Austin.
El Fiscal General exige la entrega inmediata de comunicaciones internas, registros de asistencia y protocolos de seguridad, advirtiendo que no permitirá que las escuelas sean "caldos de cultivo" para agendas políticas.
¿Qué está en juego para estudiantes y maestros?
La administración del Gobernador Greg Abbott ha endurecido su postura, calificando a las instituciones que permiten estos actos como "cómplices".
Las consecuencias legales y administrativas planteadas hasta hoy, 18 de febrero de 2026, incluyen:
- Auditorías forenses por malversación de fondos públicos:
La Fiscalía ha iniciado procesos para determinar si los distritos utilizaron recursos de los contribuyentes (personal pagado, transporte o instalaciones) para "facilitar" una actividad política.
Según el Código Electoral y el Código de Educación de Texas, el uso de fondos públicos para fines políticos es un delito que puede derivar en cargos criminales contra los administradores.
- Órdenes de "mandamus" y requerimientos de documentación:
Paxton ha emitido requerimientos legales exigiendo que los distritos entreguen, en un plazo perentorio, todos los correos electrónicos, chats internos y minutas de reuniones donde se haya discutido la logística de las protestas.
El incumplimiento de estas órdenes coloca al distrito en "desacato", lo que permite al Estado escalar la intervención judicial.
- Acción de la Agencia de Educación de Texas (TEA): intervención directa
Bajo la dirección del ejecutivo estatal, la TEA tiene la potestad de degradar la calificación de acreditación de los distritos.
Esto no es solo un trámite; una baja calificación permite que el Estado disuelva la Junta Escolar elegida por los ciudadanos y nombre a un "Gerente de Instalaciones" (Conservator) externo que tome el control total de las finanzas y decisiones del distrito, desplazando a las autoridades locales.
- Retención de fondos de la fundación escolar:
El Gobernador Abbott ha instruido a revisar las partidas presupuestarias estatales.
Los distritos que no garanticen el cumplimiento de los días de instrucción mínimos (debido a los paros) podrían sufrir recortes proporcionales en su financiamiento estatal por "incumplimiento de metas de asistencia", afectando directamente el pago de nóminas y mantenimiento.
- Demandas por incumplimiento del deber de custodia:
El estado argumenta que, al permitir que los menores abandonen el campus sin supervisión de los padres durante horas lectivas, los distritos han violado su deber legal de protección (in loco parentis).
Esto abre la puerta a demandas civiles masivas y a la pérdida de las protecciones de inmunidad soberana que normalmente protegen a los distritos de ser demandados.
La defensa: derechos constitucionales en el aula
A pesar de las amenazas de retención de fondos, los líderes escolares mantienen su postura.
El superintendente de Austin ISD, Matías Segura, aclaró que, legalmente, las escuelas no pueden usar la fuerza física para retener a los estudiantes.
Por su parte, la ACLU de Texas ha calificado estas investigaciones como un ataque a la libertad de expresión.
"Los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales al cruzar la puerta de la escuela", recordó Brian Klosterboer, abogado de la organización.
La jurisprudencia de la Corte Suprema históricamente ha protegido los walkouts como una forma de participación cívica pacífica.
Atención
Tenga en cuenta que, si un estudiante decide participar en una manifestación, es fundamental entender que, aunque la libertad de expresión está protegida, las escuelas tienen el derecho de aplicar sus políticas de asistencia regular.
Por último, tenga en cuenta que existen líneas de ayuda legal gratuita en Texas (como las de Texas RioGrande Legal Aid) para familias que sientan que sus hijos están siendo perseguidos injustamente por sus opiniones políticas.
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