Un grupo de abogados han presentado una demanda contras las autoridades federales en nombre de inmigrantes por ser portadores de “multa civiles ruinosas” que hasta la fecha alcanzan los 1.8 millones de dólares.
Este tipo de multas o sanciones buscan incentivar a los inmigrantes a abandonar el territorio estadounidense. Solo un día más de forma ilegal cuesta 998 dólares. Las mismas son impuestas a más de 21.500 personas con trámites migratorios pendientes.
Esta demanda fue presentada en un tribunal de Massachusetts en nombre de dos mujeres inmigrantes y se espera que se convierta en una demanda colectiva, con mayores implicaciones a favor de los migrantes.
¿Qué piensa el gobierno de EEUU sobre las multas?
El gobierno de Donald Trump anunció este tipo de planes para alentar a los inmigrantes a abandonar Estados Unidos (EEUU), bajo la amenaza de una “penalización financiera significativa” para aquellos que decidan permanecer en el país ilegalmente.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el gobierno enviaron un mensaje claro: “váyanse ahora”. La medida busca hacer cumplir todas las leyes de inmigración federales.
¿Cuál es el objetivo de la estrategia migratoria de Trump?
Poco después de que Donald Trump asumiera el cargo presidencial, su administración dio a conocer una serie de planes diseñados para alentar a los inmigrantes que residían ilegalmente a salir de EEUU.
Esta estrategia se centró en utilizar medidas de cumplimiento y disuasión para reducir la población indocumentada en el país. El enfoque buscó marcar una diferencia clara con las políticas de gobiernos anteriores.
El gobierno afirmó que aplicaría todas las leyes de inmigración vigentes, evitando seleccionar cuáles leyes haría cumplir y cuáles no. Este mensaje se dirigió a demostrar la seriedad de la nueva administración en materia de control fronterizo y aplicación de la ley.
¿Qué advirtió el DHS sobre la penalización financiera?
En febrero de ese año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una medida particularmente severa que afectaría a los inmigrantes. La agencia declaró que las personas que estuvieran en el país de manera ilegal podrían enfrentar una “penalización financiera significativa” si tomaban la decisión de quedarse y no salir voluntariamente.
El portavoz McLaughlin justificó la medida y alegó que la administración Trump haría cumplir todas las leyes de inmigración del país. Esta penalización financiera formó parte de una estrategia más amplia para ejecutar una política migratoria de línea dura que prometió el presidente durante su campaña.
El gobierno buscó que el anuncio tuviera un efecto disuasorio inmediato sobre la población indocumentada. La declaración subrayó que no existirían excepciones ni laxa aplicación de la ley, enfatizando la nueva era de “cero tolerancia” en la política de inmigración de EEUU.
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