El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso histórico y doloroso al admitir oficialmente su responsabilidad en la colisión aérea que conmocionó a la nación el pasado 29 de enero de 2025.
En un extenso documento judicial de 209 páginas, el Estado reconoce haber "incumplido su deber de diligencia", causando directamente el choque entre un helicóptero Black Hawk del Ejército y un avión comercial de American Airlines sobre el río Potomac.
Esta admisión de negligencia abre de inmediato la fase de negociación para indemnizar a las familias de las 67 víctimas que perdieron la vida en la peor tragedia de la aviación comercial estadounidense en 16 años.
Un choque que no debió ocurrir
Aquella noche de enero, bajo un cielo despejado, el vuelo 5342 de American Eagle realizaba un descenso estándar hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.
Sin embargo, en el espacio aéreo más vigilado del país, la aeronave comercial y el helicóptero militar colisionaron, estallando en llamas antes de hundirse en las gélidas aguas del Potomac.
¿Qué falló en el sistema? Expertos y autoridades centran su atención en una brecha tecnológica crítica:
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Falta de tecnología: Mientras el avión de American Airlines contaba con el sistema TCAS (que alerta verbalmente sobre colisiones inminentes), el helicóptero Black Hawk del Ejército no estaba equipado con esta tecnología, según confirmó un portavoz militar.
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Fallo de coordinación: Los investigadores analizan las comunicaciones entre los controladores de tráfico aéreo y los pilotos para determinar por qué no se evitó el cruce de trayectorias.
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Negligencia colectiva: El documento presentado por el gobierno admite que las fallas acumuladas resultaron en una "muerte sin sentido y trágica".
El camino hacia la justicia y la verdad
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) continúa liderando la investigación técnica, un proceso que suele tardar más de un año.
La presidenta de la agencia, Jennifer Homendy, aseguró que el análisis es exhaustivo: "Miramos al humano, la máquina y el medio ambiente".
Aunque el gobierno ya aceptó su responsabilidad legal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, la causa oficial del accidente aún debe ser dictaminada por la NTSB.
Por ahora, el reconocimiento de culpa por parte del Estado acelera el proceso de reparación económica para los herederos legales de los 64 pasajeros del avión y los 3 tripulantes del helicóptero.
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