El ambicioso plan vial destinado a enlazar las rutas I-95, I-395 y SR-836 en Miami ha postergado su fecha de culminación por casi una década.
Aunque inicialmente se proyectó su entrega para el año 2021, una serie de litigios judiciales entre el contratista y las firmas de ingeniería revelan que la obra no estará lista antes de 2029.
Los documentos legales apuntan a que deficiencias en el diseño original y el uso de concreto de mala calidad han elevado el presupuesto y paralizado el avance de la infraestructura.
Fallas en los arcos de Biscayne Boulevard
El punto crítico de la controversia se centra en el puente de seis arcos sobre Biscayne Boulevard.
La empresa constructora Archer Western–De Moya Joint Venture demandó a la firma HDR, alegando que los cálculos iniciales no contemplaban adecuadamente la resistencia a vientos de gran intensidad, un factor de riesgo en Florida.
Según la demanda, las modificaciones necesarias para garantizar la estabilidad del puente generaron un gasto adicional de 405 millones de dólares y sumaron años de demora al cronograma original.
Demoliciones por material defectuoso
A los problemas de diseño se suma una disputa por el uso de materiales no aptos. El contratista principal reportó que se debieron demoler y reconstruir secciones del puente tras detectar concreto defectuoso. Esta operación supuso un costo superior a los 3 millones de dólares.
Mientras las empresas dirimen estas responsabilidades en la corte, los residentes de la zona continúan enfrentando desvíos y cierres de rampas en una de las arterias más congestionadas de la ciudad.
Responsabilidad sobre el financiamiento
Pese a que el proyecto se sustenta con fondos públicos, los términos contractuales vigentes sugieren que los sobrecostos derivados de estas disputas internas podrían no recaer directamente sobre los contribuyentes.
Por su parte, desde la sociedad civil, Nicholas Duran, representante de la organización Transit Alliance Miami, manifestó su preocupación por el uso de los recursos:
"No me sorprende exactamente lo que revelan las demandas. El punto clave aquí es que este es un proyecto financiado por los contribuyentes y queremos asegurarnos de que siga adelante como debe ser".
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha mantenido distancia de los litigios, calificándolos como desacuerdos entre entes privados, aunque supervisa que se cumplan los estándares de seguridad exigidos por el estado.
"Mantener un compromiso total con la seguridad es de suma importancia y el Departamento continúa trabajando estrechamente con el liderazgo del proyecto para garantizar que los estándares de seguridad sigan siendo una prioridad máxima", declaró una portavoz del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) mediante un comunicado oficial.
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