La propuesta legal de Florida al inicio de 2026, busca implementar controles más estrictos que impedirían a un migrante indocumentado utilizar documentos de identificación emitidos fuera del estado, además de limitar severamente su participación en el mercado laboral formal. Esta iniciativa se suma a las políticas de control migratorio que el gobierno estatal ha venido impulsando durante el presente periodo de sesiones.
Restricciones al transporte y empleo
El texto del proyecto establece que las licencias de conducir otorgadas por otros estados a personas sin estatus legal carecerán de validez dentro del territorio de Florida.
En el ámbito laboral, se propone que el sistema de verificación E-Verify sea obligatorio para un mayor número de empresas, lo que obligaría a los empleadores a reportar el estatus de sus trabajadores. De aprobarse, las compañías que no cumplan con esta verificación enfrentarían la suspensión de sus licencias comerciales y multas económicas de carácter administrativo.
Asimismo, la normativa contempla que las instituciones de salud que reciben fondos públicos deban recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes que ingresan a sus salas de urgencias. Aunque la atención no puede ser negada por ley federal, el registro busca cuantificar el gasto estatal en servicios para personas no autorizadas, lo que ha generado preocupación en diversos sectores sociales por el posible alejamiento de los pacientes de los centros médicos.
Ron DeSantis, Gobernador de Florida, expresó al respecto:
«Florida no será un estado santuario y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros ciudadanos de las consecuencias de una frontera abierta», dijo DeSantis
Bloqueo a programas sociales
La iniciativa también apunta a cerrar las puertas de los programas estatales de asistencia. El proyecto prohíbe explícitamente que los gobiernos locales otorguen fondos a organizaciones que emitan tarjetas de identificación comunitaria para indocumentados.
Esta medida afectaría directamente a programas de ayuda alimentaria y de vivienda que actualmente no requieren una verificación de estatus migratorio federal para su ejecución.
Respecto a estas medidas, Tessa Petit, Directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida:
«Esta ley solo busca infundir miedo en nuestras comunidades y afectará sectores clave de nuestra economía como la agricultura, el turismo y la construcción que dependen de estos trabajadores», expresó Petit.
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