Nueva ley en Florida: criminales irán a prisión y no podrán usar la excusa de estar "locos"

El funcionario James Uthmeier propone eliminar la actual defensa por locura 

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 08:00 am

El sistema judicial de Florida enfrenta una propuesta de cambio estructural en el manejo de casos donde los acusados alegan problemas mentales. El fiscal general del estado, James Uthmeier, ha presentado formalmente una iniciativa ante los legisladores para modificar la actual defensa por locura, argumentando que la normativa vigente permite vacíos legales que comprometen la seguridad de la ciudadanía:

"La defensa se ha convertido en un vacío legal que permite a los delincuentes peligrosos evitar la plena responsabilidad", expresó Uthmeier.

 

Propuesta de nuevo estándar legal

La reforma busca reemplazar la figura actual por un estándar denominado "falta de estado mental". Con este cambio, el foco de los juicios no sería la capacidad del acusado para distinguir el bien del mal, sino estrictamente si existió o no la intención criminal al momento del acto. Bajo este modelo, el tratamiento psiquiátrico no funcionaría como un atenuante para reducir el tiempo de permanencia en la cárcel; por el contrario, los sentenciados deberían cumplir sus penas en prisión de forma obligatoria mientras reciben la atención médica necesaria.

Además, la medida incluye la obligación de realizar pruebas objetivas y clínicas para detectar la simulación de síntomas. Esto busca que los expertos en salud mental utilicen herramientas estandarizadas para evitar que los procesados finjan patologías con el fin de obtener beneficios procesales o evitar el encarcelamiento definitivo.

Casos de referencia y seguridad pública

El impulso de esta reforma surge tras el análisis de sucesos como el de Ronald Exantus en Kentucky, quien tras ser declarado no culpable por demencia en el asesinato de un menor, fue liberado antes de lo previsto y posteriormente detenido nuevamente en Florida.

Actualmente, en Florida, la carga de la prueba recae sobre la defensa, que debe demostrar la enajenación mediante evidencia clara y convincente, un estándar que ya se considera elevado dentro del marco legal estadounidense.

El debate se centra ahora en el Congreso estatal, donde se evaluará si estas modificaciones garantizan el debido proceso o si, por el contrario, vulneran los derechos de personas con enfermedades mentales graves.

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