El panorama se vuelve más restrictivo, para quienes enfrentan procesos de expulsión en EEUU.
A partir del 9 de marzo de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) aplicará una reforma que elimina la obligación de revisar detalladamente cada expediente.
Bajo este nuevo esquema, la respuesta automática del tribunal será rechazar las solicitudes de auxilio en un plazo de apenas 15 días, a menos que una mayoría de jueces decida lo contrario.
Esto significa que miles de personas podrían recibir una orden final de deportación casi de inmediato, perdiendo la oportunidad de que un tribunal superior analice sus documentos o lazos familiares.
Menos tiempo para defenderse
Uno de los golpes más fuertes para el inmigrante es la reducción drástica del calendario legal. El tiempo para manifestar el deseo de apelar una decisión de expulsión baja de 30 días a solo 10.
Este cambio deja a las familias con escaso margen para reunir dinero, conseguir un abogado especializado o preparar los documentos necesarios. Expertos legales advierten que este recorte en los plazos dificultará que las personas con menos recursos puedan presentar una defensa adecuada frente a un sistema que ahora prioriza la rapidez sobre la revisión de cada historia particular.
Desestimación masiva de casos
La nueva regla impuesta por el Departamento de Justicia establece que la "opción predeterminada" será cerrar los casos rápidamente. Con un atraso de más de 200,000 expedientes, el gobierno ha decidido que no es necesario estudiar cada apelación a fondo. En la práctica, esto deja al inmigrante en una situación de vulnerabilidad, ya que la Junta solo dedicará tiempo a casos que ellos consideren "novedosos", ignorando la mayoría de las peticiones que simplemente buscan una segunda oportunidad para quedarse en el país.
"Dada la carga de trabajo sin precedentes, la Junta no puede, ni necesita, decidir cada caso sobre el fondo... la opción predeterminada será la desestimación sumaria", sostiene el documento oficial de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
Cierre de puertas administrativas
La estructura de la Junta también se ha encogido, pasando de 28 a 15 jueces, lo que limita aún más la capacidad de atención. Al hacer que la revisión sea "discrecional" (a voluntad del juez y no por derecho), el sistema busca que los extranjeros salgan del proceso administrativo lo antes posible. Aunque la norma dice que esto permitirá a las personas ir más rápido a una corte federal, para muchos inmigrantes esto solo significa llegar más rápido al final del camino sin haber sido escuchados realmente por las autoridades de migración.
Por su parte, los responsables de la política migratoria justifican la celeridad del proceso:
"Estos cambios agilizarán la revisión para que los extranjeros reciban decisiones finales oportunas y no tengan que esperar años por una decisión", afirmó Jamee E. Comans, funcionaria de la Oficina de Políticas de la EOIR.
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