El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha puesto en marcha un plan para modificar los requisitos de habitabilidad en los complejos de vivienda pública en todo Estados Unidos.
La propuesta será oficial tras su publicación en el Registro Federal y establece que el financiamiento federal se destine exclusivamente a ciudadanos o no ciudadanos que cumplan con criterios de elegibilidad sumamente restrictivos, eliminando la posibilidad de que hogares con miembros indocumentados reciban subsidios prorrateados. La medida colocaría a 3.8 millones de ciudadanos en problemas por falta de documentos físicos.
Scott Turner, secretario del HUD, justificó la medida señalando que se busca proteger el dinero de los contribuyentes:
"Los días en que los extranjeros ilegales, los no elegibles y los estafadores se aprovechaban del sistema y se beneficiaban de los contribuyentes estadounidenses han terminado. No toleraremos que los ciudadanos que trabajan sean dejados de lado".
Nuevos requisitos para la vivienda pública
El cambio normativo implica una fiscalización más estricta de la documentación de cada inquilino. Hasta la fecha, las familias de "estatus mixto" podían residir en estas unidades siempre que el subsidio solo cubriera a los miembros legales. Con la nueva orden, la presencia de una sola persona no elegible en el núcleo familiar podría ser causa de desalojo para todo el grupo.
Incluso las personas mayores de 62 años, quienes anteriormente solo debían comprobar su edad para mantener sus beneficios, ahora están obligadas a presentar evidencia formal de ciudadanía. Esta medida forma parte de las políticas de la administración actual para priorizar los recursos fiscales en ciudadanos nacidos o naturalizados en el país. Puedes revisar más sobre estas políticas migratorias en nuestro portal.
Impacto en miles de familias y residentes
De ejecutarse la norma, se estima que unas 20,000 familias (aproximadamente 80,000 personas) quedarían fuera del sistema de asistencia habitacional. Organizaciones civiles han señalado que el problema no solo afecta a extranjeros, sino a ciudadanos que carecen de documentos de identidad actualizados o de fácil acceso, un grupo que asciende a millones de personas en todo el territorio.
Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Project, manifestó la postura de los sectores afectados:
"Nuestro país puede garantizar que todos tengamos un hogar seguro. Pero se está tratando de desalojar a las familias inmigrantes, ciudadanas y no ciudadanas, de las viviendas del HUD".
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