La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, destacó este lunes la celeridad de los procesos de investigación que llevan adelante las instituciones del Estado, tal es el caso de la explosión en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en Amuay, estado Falcón, el 25 de agosto de 2012.
De acuerdo a las investigaciones, cuyos resultados fueron presentados este lunes por el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, factores externos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) penetraron en agosto de 2012 de manera subrepticia a la refinería de Amuay para perpetrar un sabotaje sobre una bomba de una esfera de olefinas, un hidrocarburo producido durante la refinación de crudo.
El sabotaje consistió en aflojar siete de ocho espárragos de la bomba 2601, ubicada al sur de bloque 23 de almacenamiento de estas sustancias.
"Lo primero que nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos que reconocer es el avance que hemos tenido como país en cuanto a celeridad. Esta investigación que ha presentado el ministro (Ramírez) en el día de hoy es una investigación exhaustiva, que habla de la extracción de unos espárragos para que se presentara una fuga de gas, que además, cobró una cantidad de vida y generó un dolor terrible para nuestro país", expresó la Defensora.
Entrevistada en el programa Mesa Informativa, transmitido por Venezolana de Televisión, también se refirió a la acción del secretario ejecutivo adjunto de la autodenominada Mesa de la Unidad, Ramón José Medina, quien consignó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento de impugnación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril.
Ello, pese a que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como inadmisibles, el pasado 7 de agosto, los 10 recursos interpuestos ante el máximo juzgado contra la elección presidencial, en la que resultó ganador el presidente Nicolás Maduro.
Ramírez recordó que Venezuela se retiró de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "La denuncia sería una denuncia que nosotros hemos estado señalando que no ha sido tratada con objetividad, que no ha sido trabajada con el rigor que debería tener un mecanismo regional de protección de los derechos humanos", señaló.
Reiteró que hay un ataque internacional contra Venezuela "desde que nuestro país decidió hacer las cosas con el concurso del pueblo y con el concurso del ejercicio de nuestra propia soberanía".
Asimismo, ratificó que en el país se respetan los derechos humanos de los ciudadanos, consagrados en la Constitución Nacional.
"¿Cómo se puede denunciar un sistema al cual te vas a someter y que va a regir un proceso electoral donde vamos a acudir masivamente (en alusión a las elecciones municipales del 8 de diciembre)", agregó Ramírez.
Debate nacional
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, resaltó además que es fundamental la discusión nacional sobre la Ley Habilitante que solicitará ante la Asamblea Nacional (AN), el presidente de la República, Nicolás Maduro. Consideró que ese debate "debe ser público, ético, social, político y alejado del proselitismo".
Indicó, además, que es un tema de suma importancia para ofrecer mayores garantías de los derechos humanos, fortalecer el sistema político venezolano y ajustar la legislación a nuevos tiempos.
En agosto pasado, el presidente Maduro propuso la referida norma legal para luchar contra la corrupción. 71,5% de los venezolanos apoya esa solicitud, según indican los resultados de la encuesta aplicada por la empresa International Consulting Services a 1.600 personas en todo el territorio nacional, durante los días 24 y 25 de agosto.
La Ley Habilitante faculta al Presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo con las necesidades del país. /AVN
Lunes 9/09/2013