El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, dijo que el TC "confundió el rol que le corresponde ejercer" al emitir el fallo, e insistió en que no tomó en cuenta el marco macroeconómico que rige la economía peruana.
"La sentencia pone en evidencia cuál es el límite del tribunal. Debía establecer una actualización de la deuda, que se hallaba en ejecución por la sentencia del 2001, pero fue más allá y fija hasta formas de pago. ¿Ese es su rol?", manifestó Pulgar Vidal para la prensa.
El TC ordenó el martes que se ejecute un fallo judicial sobre el pago de los bonos dictado en 2001, que no se había hecho efectivo por la cantidad de dinero comprometido, inmanejable, según expertos, para el país.
Según la sentencia, el gobierno tiene seis meses de plazo para reglamentar el sistema de pagos, en el que debe priorizar a los bonos que se mantengan en manos de afectados directamente por la reforma o sus descendientes, así como a los mayores de 65 años.
En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, dijo que criticar las resoluciones judiciales "es un derecho constitucional", por lo que el gobierno "tomará una posición" respecto al tema que, resaltó, tiene una gran importancia económica.
"En este momento los técnicos están analizando las consecuencias de este fallo; los aspectos constitucionales, jurídicos, pero también económicos, porque tiene una incidencia económica importante", sostuvo Jiménez.
El jefe de gabinete dijo también que habría sido "sano para el país" que el TC realizara un debate público sobre el caso.
"Nos hubiera gustado que esto se realice en una audiencia especial, para lo cual el Tribunal tenía las atribuciones, pero han decidido emitir un fallo sin esta posibilidad", agregó Jiménez.
Cálculos no oficiales estiman en 4.500 millones de dólares el valor de los bonos hasta 2004 y la cifra puede crecer con la modalidad de valorización fijada por el tribunal, restando parte de los valores que fueron ya pagados.
Décadas atrás, los bonos fueron entregados a terratenientes despojados de sus tierras por la dictadura izquierdista de Velasco. A lo largo de los años, muchos portadores de esos papeles los vendieron a especuladores y se estima que hoy la gran mayoría están en manos de éstos y de entidades bancarias. /DPA