Un abogado del gobierno estadounidense en Nueva York dijo que no puede satisfacer las exigencias de un juez para entregar rápidamente documentos a fin de que un grupo defensor de los derechos civiles pueda analizar por qué miles de inmigrantes han estado detenidos durante meses, y a veces años, mientras se revisa su situación migratoria.
La oficina del fiscal Preet Bharara le expuso al juez de distrito Richard Berman la posición del gobierno en una carta que se hizo pública el miércoles. Fue escrita cinco días después de que el juez criticó al gobierno, al afirmar que su "continua negativa a presentar los documentos" solicitados hace casi cinco años por la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) había retrasado la capacidad del grupo para exponer y ayudar a reformar un sistema en el que miles de inmigrantes detenidos permanecen en las cárceles de inmigración por más de seis meses.
La ACLU finalmente presentó una demanda en el marco de la Ley de Libertad de Información en una corte federal de Manhattan en 2011 para acceder a documentos del Departamento de Seguridad Nacional y la Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
La ACLU cuestionó la práctica de "detención de inmigración prolongada — por meses o años— sin procedimientos adecuados para determinar si su detención está justificada". Citó un aumento pronunciado en el número de inmigrantes detenidos en las últimas décadas, y señaló que estos no estaban cumpliendo condenas penales, pero que miles fueron detenidos para asegurarse de que estuvieran disponibles para ser deportados del país en caso de que se ordenara la deportación y las apelaciones se hubieran agotado.
El juez dijo que la negativa constante del gobierno para producir documentos había obstaculizado los esfuerzos para reformar un sistema en el que miles de inmigrantes detenidos, algunos de los cuales son solicitantes de asilo, languidecen en las cárceles de inmigración por más de seis meses.
También atacó por "meticuloso y lleno de más demoras" el proceso del gobierno para entregar los documentos, al destacar que no ha presentado ningún documento desde que el 9 de septiembre dio la orden de entregar documentos y que por momentos el gobierno ha afirmado que le tomaría siete años producir 100 archivos.
Sin embargo, el gobierno dijo en su carta que "no es factible" producir documentos de más de 22.000 archivos individuales según lo ordenado, aunque dijo que puede producir una muestra fiable de 385 archivos en un plazo de 15 meses.
En 2009, The Associated Press realizó un análisis por ordenador de una base de datos de la Policía de Inmigración y Aduanas obtenida bajo la Ley de Libertad de Información, y halló que había 32.000 inmigrantes detenidos procedentes de 177 países, entre ellos más de 18.000 sin antecedentes penales.
El análisis mostró que casi 10.000 inmigrantes habían estado bajo custodia por más de un mes, de los cuales 400 sin antecedentes penales habían estado encerrados más de un año, que una docena había estado bajo arresto durante tres años o más y que un hombre de China había estado detenido más de cinco años. Muchos de los detenidos no criminales que habían pasado más tiempo bajo custodia eran solicitantes de asilo.
La demanda de la ACLU hace referencia del análisis.
De acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2001, los inmigrantes deben ser deportados o puestos en libertad dentro de un plazo de seis meses. El aumento constante en el número de inmigrantes detenidos creció considerablemente después que el Congreso aprobó un par de leyes en 1996 que exigen que los inmigrantes que hayan cometido crímenes estén encerrados para su deportación. Las cifras siguieron aumentando después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y en medio de la retórica política en contra de los inmigrantes. /AP