EFE
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que su país está dispuesto a contribuir para que se resuelva la crisis política en Venezuela, que en las últimas tres semanas ha dejado, según la Fiscalía de la nación suramericana, 26 muertos y 437 lesionados.
"Si nosotros podemos ayudar a resolver esa situación, Honduras está listo a contribuir", indicó Hernández en una rueda de prensa en la que habló sobre varios temas de interés nacional.
Agregó que Honduras ya emitió su opinión a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador hondureño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leónidas Rosa Bautista.
Honduras ha sido enfática desde un primer momento buscando acuerdos, pero al no darse y al ir escalando la situación, "obviamente que nos ha preocupado mucho y hemos condenado las muertes que se han dado a raíz de estas manifestaciones", dijo el mandatario.
Señaló que "es evidente que hay una crisis" en Venezuela y que "se requiere del talento, del amor por su propia tierra, sentarse a resolver" y que "si nosotros podemos ayudar a resolver esa situación, Honduras está listo para contribuir".
"Mientras tanto, seguiremos exigiendo privada y públicamente el respeto irrestricto a los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo, cualquier pueblo del mundo, mucho más en este caso de una situación tan difícil, económica social y políticamente polarizada que tiene el pueblo venezolano", acotó Hernández.
De acuerdo con la Fiscalía venezolana, en el marco de las protestas de las últimas semanas hechos violentos han dejado un saldo de 26 fallecidos, 437 personas heridas y 1.289 detenidos, de los que 65 permanecen privados de libertad y otros 217 serán presentadas hoy ante los tribunales.
La oposición lidera la mayoría de las movilizaciones desde que hace tres semanas el Tribunal Supremo de Justicia emitiera unas sentencias en las que arrogaba las facultades del parlamento, de mayoría opositora, y que luego suprimió parcialmente.
Desde entonces, el Legislativo intenta remover a siete magistrados del Supremo por lo que consideró un "golpe de Estado", una acción apoyada a través de cientos de protestas por las que además se pide la fijación de un calendario electoral y la liberación de los presos políticos.