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Las acusaciones de sobornos que han aflorado en el juicio contra Joaquín "Chapo" Guzmán en Estados Unidos resaltan la corrupción entre las autoridades mexicanas, sobre todo a nivel estatal y municipal, que permitió al narcotráfico expandirse.
Durante el juicio, Jesús "Rey" Zambada, ex aliado del Chapo y hermano de Ismael "Mayo" Zambada, otro líder del cártel de Sinaloa, dijo que Guzmán tenía comprados a fiscales, policías y militares mexicanos y hasta a la Interpol.
Este martes, Zambada dijo que entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna en 2005 y 2006.
Incluso el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, acusó al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y a su sucesor, Enrique Peña Nieto, de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, lo que ambos negaron enérgicamente.
Aunque los analistas aseguran que es difícil probar sobornos al nivel de los presidentes y autoridades federales de alto rango, la corrupción entre autoridades locales es más evidente.
"La corrupción dentro del gobierno estatal y municipal es endémica", dice a la AFP Mike Vigil, exagente de la DEA.
"Ellos controlan la policía estatal y la policía municipal, entonces los mafiosos van con ellos y pagan para que protejan los cargamentos que van a pasar", agrega.
El Chapo, uno de los jefes del narco más famosos del mundo, es acusado de 11 delitos, incluido el envío a Estados Unidos de 155 toneladas de cocaína, y si es hallado culpable puede ser condenado a cadena perpetua.
2018-11-21
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