Redacción 2001.com.ve
La negativa por parte de las autoridades venezolanas de permitir el acceso a la atención médica a un líder de la oposición privado de libertad gravemente enfermo, demuestra las despiadadas medidas que están dispuestas a tomar para aplastar a la oposición, ha dicho Amnistía Internacional.
Según una nota de prensa, estaba pautado que Rosmit Mantilla, miembro electo a la Asamblea Nacional, activista de derechos humanos, fuera sometido a una cirugía para atender los múltiples cálculos que tiene en la vesícula, cólico biliar a repetición y engrosamiento de la pared gástrica, el 31 de octubre.
Sin embargo, en vez de seguir la orden que emitiera la juez aprobando su intervención inmediata, fue puesto en una celda de castigo en Caracas. Su salud se ha venido deteriorando cada vez más desde entonces, según afirnam en la nota de prensa.
"Parece que las autoridades venezolanas están jugando al muy peligroso juego de detener a cualquiera que se exprese en contra del deterioro de la ya precaria situación de los derechos humanos en el país. ¿Alguien como Rosmit tiene que verse al borde de la muerte antes de que dejen de castigar a quienes expresan sus ideas?" dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Rosmit jamás debió haber sido puesto en prisión en primer lugar. Impedir que acceda a la atención médica que necesita urgentemente es un agravante a tanta injusticia. Cuesta creer que todo esto tenga lugar mientras los ojos del mundo están posados sobre Venezuela. Si las autoridades no actúan a tiempo se habrán manchado de sangre".
Rosmit Mantilla es un activista que trabaja a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (Lgbti) y es un miembro del partido de oposición Voluntad Popular. Fue privado de su libertad arbitrariamente en mayo de 2014. Desde entonces se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del Helicoide, en Caracas, a la espera de un juicio que no ha empezado todavía.
Rosmit Mantilla ha sido acusado de recibir dinero para financiar las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre febrero y julio de 2014, a través del testimonio de un informante anónimo denominado “patriota cooperante”. Amnistía Internacional cree firmemente que no existe evidencia sólida contra él y que los cargos en su contra están políticamente motivados.
2016-11-04