Nota de Prensa
Comunicado de la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos, Fundamentales y Garantías Constitucionales (Capitulo Venezuela). Representada en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, ante la inesperada muerte del concejal Fernando Albán.
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Justicia – Mateo.5,6″
Resaltamos los Valores y Principios constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 43 donde reza que: "El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma". Exigimos con la máxima norma que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás ordenamiento jurídico, una investigación exhaustiva, independiente, imparcial, transparente, objetiva y oportuna desde el día de su retención sin ninguna orden emitida por un Tribunal, y sobre las circunstancia en que ocurrió dicho deceso del Consejal Dr. Fernando Alban.
Desde este Principio Constitucional, exhortamos que el Estado a través de sus instituciones, es el ente responsable de velar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre ellos el derecho a la vida. Si una persona fuera detenida en buen estado y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.
Por tal motivo solicitamos que investigue transparentemente la detención arbitraria, los posibles tratos que recibió mientras estaba bajo la custodia de los funcionarios del SEBIN y su muerte que ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional.
Solicitamos que se promueva las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los Funcionarios Públicos que por comisión u omisión se encargaban de la vigilancia del detenido en el momento de los hechos.
Que el Estado investigue objetivamente la muerte de las personas privadas de libertad, a los fines de determinar sus causas y precisar la responsabilidad a que haya lugar.
Extendemos nuestro pésame a la familia Albán y exhortamos a todos los defensores de los Derechos Humanos y a los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir ttabajando por hacer prevalecer el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia.
Es Justicia que esperamos en la Ciudad de Caracas a los 10 días del mes de Octubre de 2018.
+ Jylmán Red Jurado. Ph.D
Obispo Ordinario y de los Derechos Humanos para Venezuela – GAFCON CANADÁ.
Presidente de la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos para Venezuela.
Comisionado de la Organización Mundial por la Paz (Ginebra – Roma).
2018-10-10
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