En las últimas horas, el Ministerio Público informó sobre la restitución de inmuebles a dos adultos mayores, víctimas de ocupación ilegal prolongada en el estado Miranda y Caracas.
Ambos casos fueron atendidos por la Fiscalía Quincuagésima Séptima y la Fiscalía de Miranda, en respuesta inmediata a las denuncias presentadas por los propietarios afectados.
Adulto mayor y restitución de inmuebles: acciones del Ministerio Público
El primero de los casos involucra a la familia Manzano, quienes recuperaron su vivienda en Colinas de Bello Monte, ocupada ilegalmente durante cuatro años por una familiar.
El segundo corresponde al señor Alejandro Colina, adulto mayor que logró recuperar su propiedad tras más de una década de invasión por terceros que se negaban a desalojar.
Ambos procedimientos fueron ejecutados por orden directa del fiscal general Tarek William Saab, quien reiteró el compromiso institucional con la protección del adulto mayor.
¿Cuántos casos se han registrado en 2025?
Según los casos publicado en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 64 restituciones de inmuebles a adultos mayores.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Benita, una mujer de 104 años que recuperó su vivienda en El Hatillo tras tres años de ocupación ilegal.
La denuncia fue acompañada por un video difundido en redes sociales, lo que aceleró la respuesta institucional y permitió la restitución en menos de un mes.
Balance oficial y cifras acumuladas
En octubre de 2024, el fiscal Saab informó que más de 3.000 inmuebles fueron restituidos a sus propietarios, en su mayoría adultos mayores entre 70 y 90 años.
Además, el Ministerio Público ha recibido más de 9.600 denuncias por ocupación ilegal, muchas de ellas relacionadas con contratos vencidos que no fueron respetados.
“Si un contrato se venció hace tres años, ya no hay inquilino”, afirmó Saab, exhortando a no entorpecer la labor judicial ni justificar prácticas abusivas.
Protocólos del Ministerio Público
Los adultos mayores suelen ser víctimas frecuentes de ocupación ilegal, especialmente cuando viven solos o dependen de familiares para gestionar sus bienes.
Por ello, el Ministerio Público ha reforzado sus protocolos de atención prioritaria, con énfasis en la restitución patrimonial y la protección jurídica de este grupo vulnerable.
También puede visitar nuestra sección: Nacionales
Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube
