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Smurfit Kappa anunció que perdió las instalaciones de la filial Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, ocupadas por el gobierno, y que asumirá un cargo de 60 millones de euros.
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Aunado a esto, continúan bajo arresto dos empleados de la compañía. La empresa considera arbitraria esta acción.
Smurfit Kappa manifestó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales.
La compañía, en un comunicado expresó, ““Desde la notificación de la orden de ocupación, la compañía ha sido objeto de interferencia del Gobierno, incluso mediante hostigamiento arbitrario a sus empleados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim a través de visitas no autorizadas que tienen el efecto de intimidar a la fuerza de trabajo”.