El lunes 5 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos logró un acuerdo histórico con la isla de Dominica.
Según la agencia Associated Press (AP), este pacto permite que las autoridades estadounidenses envíen a solicitantes de asilo a esta pequeña nación caribeña mientras se procesan sus casos.
El Primer Ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, calificó el acuerdo como una de las "áreas clave de colaboración" tras las recientes restricciones de visa que Washington impuso a la isla.
Aunque aún no se han hecho públicos los detalles logísticos sobre el número exacto de personas y los centros de alojamiento, Skerrit aseguró que hay filtros en marcha para evitar la llegada de individuos que puedan comprometer la seguridad nacional.
Antigua y Barbuda se une al modelo de responsabilidad compartida
Casi al mismo tiempo, el gobierno de Antigua y Barbuda anunció que había firmado un memorando de entendimiento no vinculante.
Según los informes de la oficina de prensa del gobierno local, esta acción es parte de un "esfuerzo global para compartir la responsabilidad de los refugiados".
Este movimiento no es un caso aislado. Estos acuerdos llegan después de que la administración estadounidense incluyera a estas dos naciones en una lista de 20 países con restricciones de viaje que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.
Para muchos analistas, estos convenios migratorios actúan como una herramienta de negociación diplomática para recuperar privilegios de viaje.
Antecedentes y expansión regional
El modelo de enviar solicitantes de asilo a terceros países ha cobrado fuerza rápidamente en los últimos meses:
Belice: En octubre de 2025, firmó un acuerdo similar, convirtiéndose en un "tercer país seguro".
Paraguay: También firmó pactos para recibir migrantes que han sido procesados por el Departamento de Estado.
Restricciones: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostiene que estas medidas son necesarias para frenar lo que ellos llaman "el abuso del sistema de asilo".
"El objetivo es descentralizar la crisis fronteriza y repartir la carga humanitaria entre aliados regionales", comentan fuentes del Departamento de Estado consultadas por EFE y AP.
Preocupaciones locales y derechos humanos
No todos en el ámbito político ven esta noticia con buenos ojos. En Dominica, el líder de la oposición, Thomson Fontaine, expresó a Associated Press la inquietud de los ciudadanos sobre si una isla de apenas 72.000 habitantes tiene la infraestructura y los recursos necesarios para acoger a una población migrante externa.
Además, organizaciones de derechos humanos cuestionan si estos países caribeños pueden garantizar un proceso de asilo justo y seguro, tal como lo establece la Convención de Refugiados de 1951.
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