Los consumidores estadounidenses enfrentan un nuevo panorama financiero debido a ajustes que aplican gigantes bancarios como Chase, Bank of America y Wells Fargo.
Las modificaciones impactan en tres frentes claves: las llamadas tarifas basura, la eliminación de las cajas de seguridad y los recortes en los amortiguadores bancarios.
Estas medidas ya generan preocupación entre los clientes, quienes podrían pagar más, perder servicios tradicionales y ver alterada la forma en que acceden al crédito.
Tarifas basura que golpean el bolsillo
El debate por las tarifas de sobregiro volvió a encenderse tras la decisión del Congreso de revertir la norma que limitaba estos cargos a 5 dólares.
La medida, impulsada durante el gobierno de Biden, buscaba proteger a los consumidores de tarifas que hoy alcanzan un promedio de 35 dólares por transacción.
Con la firma de Donald Trump, la regulación quedó sin efecto, lo que favorece a grandes bancos como Chase y Bank of America.
Mientras la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) estimaba un ahorro anual de 5.000 millones de dólares para los hogares, opositores alegaron que el límite afectaba el acceso al crédito.
En la práctica, los clientes seguirán enfrentando cargos altos por sobregiro, un punto crítico en sus finanzas cotidianas.
Fin de las cajas de seguridad y recorte de capital
La función de seguridad clave que representaban las cajas de seguridad también se desvanece. Chase confirmó que eliminará progresivamente este servicio, incluso para clientes actuales.
Con la decisión, los usuarios deben retirar joyas, documentos y objetos de valor que durante décadas resguardaron en bóvedas bancarias.
Entidades como Capital One, PNC y Santander han seguido la misma línea, alegando costos elevados y baja demanda.
En paralelo, los recortes de los amortiguadores bancarios marcan un giro regulatorio. La Reserva Federal propuso reducir el ratio de apalancamiento suplementario (eSLR), que exige a los bancos mantener un capital adicional de seguridad.
Si se aprueba, gigantes como JPMorgan Chase, Bank of America y Morgan Stanley liberarían alrededor de 13.000 millones de dólares.
Aunque la medida abre la puerta a más créditos e hipotecas, también despierta dudas sobre la solidez del sistema frente a riesgos financieros.
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