El juez federal James Boasberg dictaminó que los inmigrantes venezolanos que el gobierno de Trump busca deportar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 deben tener la oportunidad de impugnar su expulsión.
La decisión se produce tras la solicitud del gobierno de suspender una prohibición temporal de deportaciones impuesta el 15 de marzo, reseña Reuters.
La administración argumenta que la ley se aplica a presuntos miembros de una banda venezolana, pero Boasberg declaró que los afectados deben poder desafiar estas acusaciones.
La situación ha generado tensiones, con familiares de los deportados negando cualquier vínculo con pandillas. El caso es significativo en el contexto del poder ejecutivo bajo Trump, quien ha solicitado el impeachment de Boasberg.
En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, defendió el proceso de apelaciones como la vía adecuada para resolver desacuerdos judiciales.
El gobierno deportó a más de 200 personas a El Salvador el 15 de marzo, donde se encuentran en condiciones cuestionables en una prisión antiterrorista.
Boasberg citó estos relatos para justificar la prohibición de las deportaciones. La decisión también afecta a otros venezolanos en Estados Unidos que podrían ser deportados bajo la misma ley.
La ACLU representa a cinco demandantes en este caso y su abogado sugirió que el juez podría ordenar el regreso de los inmigrantes a Estados Unidos.
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