Tras las recientes redadas migratorias en tres ciudades de Nuevo México durante marzo, llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) los abogados han expresado su profunda inquietud por la desaparición de 48 personas.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México (ACLU) ha señalado en una queja formal que la falta de noticias de familias buscando a sus seres queridos detenidos es inusual y alarmante.
En la denuncia presentada el domingo ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, exigen una investigación exhaustiva sobre la ubicación y el estado de estas personas desaparecidas.
Según Rebecca Sheff, abogada principal de la ACLU de Nuevo México, las detenciones tuvieron lugar en Santa Fe, Roswell y Albuquerque.
Desde la finalización de las redadas de una semana el 8 de marzo, la ACLU y otras entidades no han podido ubicar a estas personas, reseña NBC News.
“No tenemos a nadie y esa es precisamente la preocupación: que hayan desaparecido. Aún no conocemos su identidad, su paradero, las autoridades bajo las que estuvieron retenidos ni las condiciones de su detención. Desconocemos si ya han sido deportados”, aseguró Sheff.
ICE informó sobre la detención de estas 48 personas en Nuevo México
El 12 de marzo, el ICE anunció la detención de 48 personas en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
Según el comunicado, estos individuos tenían órdenes de deportación pendientes o enfrentaban cargos o condenas por delitos graves, incluyendo homicidio, delitos sexuales, robo y agresión.
Además, NBC News reporta que, se informó que 21 de los detenidos ya tenían órdenes de deportación definitivas, y otros fueron arrestados por ingreso o reingreso ilegal al país.
Debido a la práctica del ICE de trasladar y mantener a los detenidos en áreas rurales, lejos de sus lugares de arresto o residencia, la agencia implementó hace años un sistema de localización.
No obstante, la ACLU de Nuevo México señaló en su denuncia que el uso de este sistema requiere la introducción de nombres u otros datos de identificación.
Cabe mencionar que, la administración Trump generó controversia al invocar la Ley de 1798 para deportar a El Salvador a un gran número de personas sospechosas de vínculos con la pandilla Tren de Aragua, incluso después de que un tribunal emitiera una orden para detener estas deportaciones y ordenar el regreso de los vuelos.
El gobierno sostuvo que las aeronaves que transportaban a los deportados habían llegado a su destino antes de que la orden judicial fuera emitida, justificando así que no se incumplió la directiva del tribunal.
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