La investigación sobre la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, ocurrida en Minneapolis, se encuentra actualmente bajo jurisdicción exclusiva del FBI, lo que limita el acceso de los fiscales locales a las evidencias clave.
A pesar de este cerco informativo, especialistas jurídicos señalan que la actuación del agente de ICE, identificado como Jonathan E. Ross, puede ser objeto de litigios bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios y normativas estatales que protegen los derechos constitucionales frente a funcionarios federales.
El caso ha escalado a nivel político tras las declaraciones de la administración central que defienden la actuación del uniformado.
Jurisdicción penal y el bloqueo de evidencias
La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota ha solicitado formalmente el expediente de la investigación para evaluar cargos estatales, pero la negativa del FBI a compartir el material dificulta la apertura de un juicio penal en el condado de Hennepin.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha cuestionado la falta de transparencia del gobierno federal en un contexto donde el vicepresidente J.D. Vance ha invocado una "completa inmunidad" para el agente involucrado.
La resolución de este conflicto jurisdiccional es determinante para que las autoridades estatales puedan proceder de forma independiente. Al respecto, la profesora Carolyn Shapiro, del Chicago-Kent College of Law, explicó:
“Si el FBI no comparte esa información con los fiscales estatales, eso obstaculizará significativamente la capacidad de los fiscales estatales y locales para presentar un caso”.
Opciones de demandas civiles e indemnizaciones
Los herederos de Renee Nicole Good cuentan con la vía civil para buscar compensaciones por daños y perjuicios a través de leyes que permiten demandar a funcionarios federales por violaciones constitucionales.
Estas leyes, conocidas en algunos ámbitos como "Converse 1983", funcionan de manera similar a las demandas contra agentes estatales por uso excesivo de la fuerza. El gobierno federal, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha calificado el suceso como un acto relacionado con "terrorismo doméstico", lo que anticipa una defensa basada en la seguridad nacional.
Sobre las posibilidades de reparación económica, Bryna Godar, abogada de la University of Wisconsin Law School, precisó:
“Existe la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, la cual permite a las personas lesionadas por agentes federales demandar por daños monetarios. Esto es algo que potencialmente podrían considerar los herederos de la fallecida”.
La familia de la víctima ha iniciado movilizaciones en Minnesota exigiendo justicia, mientras que el agente Jonathan E. Ross permanece bajo investigación administrativa interna.
El caso se desarrolla en un clima de alta tensión política, luego de que el presidente Donald Trump señalara públicamente a la fallecida como parte de movimientos de la "izquierda radical" a través de sus redes sociales.
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