La organización Amnistía Internacional dijo hoy que a siete días de cumplirse 100 días del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, las medidas tomadas por su administración en materia de derechos humanos "no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México".
"Existen preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos. La nueva administración debe romper con la tradición de promesas vacías de la anterior en materia de derechos humanos y poner fin a la impunidad de los abusos", manifestó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Amnistía recordó en un comunicado que en diciembre pasado, pocos días después de asumir su mandato Peña Nieto, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, le escribió "para pedir una actuación inmediata sobre diversos problemas graves" y dijo que hasta la fecha no ha habido una respuesta significativa sobre la situación.
"La organización pedía un cambio radical en la política de seguridad pública que garantizara el fin de graves abusos, tales como la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas, y llevara a sus autores ante la justicia", señaló la organización defensora de derechos humanos.
"Peña Nieto se comprometió a aplicar las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, pero hasta la fecha hay pocos indicios de que se hayan tomado las medidas necesarias", agregó.
Amnistía Internacional presentó el lunes una campaña para que se haga justicia con Miriam López, quien fue detenida ilegalmente, torturada y sometida a violencia sexual por miembros del ejército mexicano en 2011.
La organización dijo que el caso de la mujer "es emblemático de los de todas las personas que, tras sufrir graves abusos, han visto cómo se les niega la justicia".
Amnistía igualmente consideró un avance la Ley General de Víctimas que promulgó el gobierno de Peña Nieto en enero pasado aunque dijo que "no se puede ocultar el hecho de que los muchos miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos perpetrados en los últimos seis años, incluidas las miles de personas desaparecidas o extraviadas, siguen sin tener acceso a la justicia y sin recibir reparación".
"El gobierno está debatiendo la reforma policial, pero no hay señales de que la prevención y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ocupen un lugar destacado en sus propuestas. Los debates sobre la eliminación del arraigo (detención sin cargos) son positivos, pero aún no se han tomado medidas concretas para suprimir esta práctica", consideró.
Respecto a la situación de los migrantes Amnistía dijo que la designación de un ex jefe de policía como director del Instituto Nacional de Migración "es motivo de honda preocupación".
"No hay constancia de que se hayan tomado nuevas medidas necesarias para combatir la actuación de funcionarios y bandas de delincuentes que perpetran graves abusos contra los migrantes en tránsito", afirmó.
De otro lado, la organización indicó que del programa dirigido a las comunidades indígenas excluidas que anunció el gobierno aún no se han dado detalles, "ni siquiera la forma en que las propias comunidades indígenas participarán para garantizar la protección de sus derechos".
Respecto a la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, recordó que en México prosigue el establecimiento de un mecanismo de protección con la participación de la sociedad civil, con arreglo a una ley aprobada en 2012.
Amnistía consideró este "un paso positivo", pero dijo que "el gobierno debe garantizar que dicho mecanismo proporciona verdadera protección, así como garantizar que las investigaciones sobre los ataques se traduzcan en la comparecencia ante la justicia de sus perpetradores, poniendo fin a la impunidad".
"Es hora de que este gobierno demuestre que sitúa la protección de los derechos humanos en el centro de su agenda política y garantiza una participación plena y efectiva de la sociedad civil", concluyó Zúñiga. /DPA