Miles de inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación podrían reclamar que, su salida de los EEUU generaría problemas serios a su familia.
Esa opción ahora se puede pelear en tribunales con mayor facilidad, luego de una decisión de la Corte Suprema.
El 19 de marzo, los jueces votaron 6-3 sobre una opinión entregada por la jueza Sonia Sotomayor por el caso Wilkinson v. Garland, el cual se centra en un inmigrante de Trinidad y Tobago que alegó que su deportación afectaría severamente a su hijo estadounidense.
El caso llegó a la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones para el Tercer Circuito rechazara los argumentos de la defensa del inmigrante.
En 2019, Situ Kamu Wilkinson fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al permanecer como indocumentado y vencerse su visa de turista.
Durante su proceso en el tribunal migratorio y posteriormente en cortes de Distrito y de Apelaciones, Wilkinson solicitó la cancelación de la deportación.
La defensa se basó en las dificultades que sufre su hijo de 7 años, nacido en Estados Unidos, quien padece una afección médica grave y depende de su padre emocional y financieramente.
Ante tribunales, Wilkinson tuvo que demostrar que enfrentaba “dificultades sustancialmente diferentes o superiores a las que normalmente se esperaría que resultaran de [su] expulsión”.
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Una alianza inusual de jueces
La opinión fue entregada por la jueza Sotomayor, pero fue redactada en conjunto con la jueza Elena Kagan, ambas consideradas liberales.
A ellas se unieron los tres designados por el expresidente Donald Trump y considerados conservadores, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
Mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson, designada por el presidente Joe Biden, se sumó con una opinión por separado a la postura de los jueces a favor del inmigrante.
El juez Samuel Alito, emitió una opinión en contra, la cual fue respaldada por el presidente del tribunal, el juez John Roberts, y el juez Clarence Thomas, los tres conservadores.
“La decisión del Tribunal en [el caso] Wilkinson, sin duda, será un alivio para los muchos no ciudadanos en procedimientos de deportación que solicitan la cancelación de la expulsión y se les niega basándose en determinaciones de elegibilidad legalmente erróneas”, consideró el American Immigration Council.
Con información de La Opinión
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